La Ley de Cooperativas de Cantabria crea un órgano que mediará en conflictos

El proyecto para la Ley de Cooperativas del Gobierno regional establece una bonificación del 50 % en aranceles notariales y regula la creación del Consejo Cántabro de Economía Social, que tendrá funciones de carácter consultivo y de arbitraje en cuestiones litigiosas que se planteen en este sector.

El Gobierno ha asegurado hoy en una nota de prensa que el proyecto de Ley de Cooperativas que ha elaborado "contiene las principales reivindicaciones del sector", que fueron trasladadas al grupo de trabajo que redactó este texto por los representantes de las principales organizaciones.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, ha transmitido esta idea a los presidentes de las asociaciones de cooperativas , a quienes ha trasladado los detalles de una norma que sustituirá a la regulación actual, que data de 1999.

Mazas afirma que el Gobierno regional trata de ofrecer "una regulación respetuosa" con el tipo o modelo de verdadera sociedad cooperativa.

El Ejecutivo también quiere facilitar los instrumentos necesarios "no sólo para que las cooperativas puedan superar una etapa de crisis", sino para que la organización "pueda ocupar un papel relevante dentro de la actividad económica cántabra", ha dicho Mazas.

Por eso, según la consejera, el Gobierno "da el primer paso" de "aprobar una legislación adecuada" y, simultáneamente, "apuesta de forma decidida por la divulgación del ideario cooperativo".

Mazas incide en que el Ejecutivo quiere contribuir a la promoción de las sociedades cooperativas "como fórmula ventajosa respecto a otras formas jurídicas, favorecedora del autoempleo".

El Gobierno ha incluido en el texto, según la consejera, las necesidades que planteaba el sector, como la exigencia de que el negocio constitutivo se formalice en escritura pública.

Para "paliar el inconveniente que supone su coste económico", establece una bonificación de aranceles notariales de, al menos, un 50 %. Además, Mazas ha adelantado que su departamento trabaja en una posible línea de ayudas para financiar el coste restante.

La consejera ha explicado que, dada la coyuntura actual, se ha considerado conveniente incluir en el proyecto de ley la previsión de que se puedan constituir cooperativas de trabajo de dos socios, si bien, en general, serán necesarios un mínimo de tres para constituir una organización de primer grado.

Igualmente, el Gobierno ha considerado la propuesta de fijar un capital mínimo de 3.000 euros, aunque, para "evitar que esta exigencia se convierta en un obstáculo para la creación de cooperativas ", la norma admite que en el momento de la constitución se desembolse el 25 % de la cantidad y el resto en hasta cuatro años.

En lo que respecta a las cooperativas de trabajo, Mazas ha indicado que el Gobierno ha incluido en el proyecto la previsión de que se puedan constituir con dos socios trabajadores.

Y se flexibiliza, asimismo, el porcentaje de contratación de trabajadores por cuenta ajena, tanto con carácter indefinido como temporal.

El proyecto de ley permite superar el número de horas por año realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena por necesidades objetivas de la empresa y por un periodo máximo de tres meses, siempre que se obtenga la autorización de la autoridad autonómica competente.

Por otro lado, en la nueva norma se ofrece la posibilidad de que todos los actos inscribibles en el Registro puedan ser objeto de calificación previa y no sólo la constitución de la cooperativa.

De esta forma, según Mazas, se evitan "innecesarias segundas escrituras para los supuestos en los que el acto a inscribir adoleciera de defectos legales".

También se regula la creación del Consejo Cántabro de Economía Social, con funciones de carácter consultivo y asesor para las actividades relacionadas con este ámbito.

A este Consejo se le asigna la tarea de conciliar y ejercer arbitraje en las cuestiones litigiosas que se planteen entre cooperativas , entre éstas y sus socios, cuando ambas partes lo soliciten o bien estén obligadas por lo establecido en sus estatutos sociales.