La comisión de seguimiento del convenio decidirá la próxima semana el futuro del Racing

Los accionistas, acreedores y aficionados del Racing deberán aguardar una semana más para conocer el futuro del club. Aunque ayer había prevista una reunión de la comisión de seguimiento del convenio de acreedores, finalmente sólo se produjo un encuentro de trabajo con algunos a la espera de que se produzca la entrevista formal de la comisión, prorrogada a la semana que viene cuando finalice la tercera fase de la ampliación de capital.

Será una reunión vital para conocer si el club cántabro instará a la liquidación, como siempre ha mantenido, en el caso de que la ampliación fracase y si tampoco aparece ningún inversor interesado en tomar las riendas. Una postura, la de la liquidación, que deberá ser ratificada por Corelia y por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), los otros dos integrantes de la comisión. Sin embargo, se desconoce cuál será su postura y si aceptarán o no la propuesta del club. Otros actores, como la asociación de exjugadores, la de pequeños accionistas o la de peñas, esperan que el encuentro sirva para que tanto Corelia como la LFP soliciten al Juzgado de lo Mercantil la designación de un administrador judicial de las acciones. Para conseguirlo han mantenido conversaciones con ambas partes e incluso se han manifestado frente a la empresa cántabra para trasladarle su postura.

Aunque gran parte del racinguismo esperaba con ansias el encuentro entre el club, Corelia y la Liga, éste finalmente no se produjo. «No ha habido reunión de la comisión, pero la habrá», aseguraron ayer a este periódico desde la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Lo que en realidad se produjo fue una reunión de trabajo informal con acreedores en la que charlaron de las dificultades para que se cumpla el convenio actual con el equipo en Segunda División B. Un handicap que el club tiene previsto poner en conocimiento del Juzgado Mercantil. Además, acordaron que será la próxima semana, una vez termine la ampliación de capital, cuando la comisión de seguimiento se reúna oficialmente.

Con la operación aún en marcha abocada al fracaso sólo se han recaudado 30.423 euros hasta el pasado 17 de septiembre, la aparición de un socio capitalista sería la única alternativa que podría evitar la liquidación. Aunque desde el Consejo aseguraron la pasada semana a este periódico estar negociando en Bilbao con un empresario georgiano, su llegada está prácticamente descartada.

Cuando el Consejo decidió, unilateralmente y en contra de lo publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, ampliar la tercera fase de la ampliación de capital trece días, Lavín y sus compañeros de Consejo explicaron, a través de una nota en su página web, que el motivo se lo comunicarían a la comisión de seguimiento del convenio de acreedores. Sin embargo, en lugar de esta semana, lo harán la próxima. Entonces, el secretario Carlos Ais (representante del Racing en la comisión) comunicara a sus compañeros Javier Gómez Molina (Liga de Fútbol Profesional) y Juan Carlos Salcines Berzosa (Corelia), salvo sorpresa de última hora, la decisión del Consejo. No será la primera vez que desde el citado organismo se hable de liquidación. Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, llegó a pedirla públicamente después de conocerse los intentos de amaño de partidos en los que se vio envuelto el club cántabro.

Por su parte, los pequeños accionistas ansían que el encuentro sirva para que se tome la decisión de solicitar un administrador judicial, sobre todo después de que tanto el presidente actual como el expresidente Pernía fueran imputados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander en la querella criminal promovida por la Asociación de Exjugadores «por delito societario continuado». Un motivo que el entorno verdiblanco considera suficiente para que su petición sea satisfecha.

En otras ocasiones, aunque en distintas circunstancias, se ha demandado un administrador judicial y en todas ellas la justicia siempre lo ha rechazado. Sin embargo, esta vez, desde el entorno verdiblanco consideran que la imputación del actual y del anterior presidente por delito societario y el intento de amaño de los partidos en los que se han visto envueltos son argumentos suficientemente importantes para que un juez habilite la llegada de un administrador judicial.