El Gobierno no inyectará más dinero a Nestor Martin hasta que no tenga un plan de viabilidad

El Gobierno de Cantabria ha condicionado la inyección de los tres millones de euros de dinero público previstos en los presupuestos de 2015 para la empresa Ecomasa-Nestor Martin, a un "cambio en la gestión" y a la elaboración de un plan de viabilidad que permita consolidar el proyecto y garantizar los puestos de trabajo; un plan que deberá ser aprobado por Sodercan.

Así lo ha señalado este lunes el consejero de Industria, Eduardo Arasti, en el Pleno del Parlamento, donde ha explicado que el plan de viabilidad es una "condición indispensable" que la Comisión Ejecutiva de Sodercan ha aprobado por unanimidad, y ha anunciado que se contratará a una persona física o jurídica de reconocido prestigio para elaborar dicho plan.

Arasti ha destacado que desde Sodercan, que tiene una participación minoritaria en Ecomasa, ya se ha instado la convocatoria de la Junta General de Accionistas para poder aprobar este mismo acuerdo, una convocatoria que sólo la puede realizar la presidencia de Ecomasa.

Previamente, el diputado del PSOE Juan Guimerans ha acusado al Gobierno de incumplir la resolución aprobada a finales de año por el PP y el PRC -los socialistas se abstuvieron-, en la que se pedía dicho plan de viabilidad pero además obligaba al Gobierno a presentar información detallada sobre el uso y destino del dinero público inyectado en Nestor Martin, que el PSOE cifra en 16 millones de euros entre Sodercan (tres millones) y el ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas).

Guimerans ha asegurado que se han incumplido todos los puntos de la resolución, incluido el de la nueva inyección de fondos por importe de dos millones de euros porque luego el Gobierno incluyó en el presupuesto una partida de tres millones.

Pero además, ha afirmado que "gran parte del problema" en este asunto son las "discrepancias" internas del Gobierno. "La solución Arasti-Sodercan-Industria poco tiene que ver con la de Mazas-Icaf-Economía", ha afirmado el portavoz socialista, quien ha pedido a Arasti que lo desmienta si no es cierto. El consejero le ha replicado que el Gobierno "responde solidariamente de su gestión y las decisiones son del presidente y de todos sus miembros".

Arasti ha insistido en que no se pueden aprobar nuevas ayudas sin que exista un plan de viabilidad que asegure su correcta utilización, porque así lo ha aprobado el Parlamento "con la abstención del PSOE" y la Comisión Ejecutiva de Sodercan. Asimismo, ha asegurado que se ha presentado en el Parlamento la documentación.

Güemes y el Camino de Santiago

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria , Miguel Angel Serna, ha asegurado que la localidad de Güemes "está" en el trayecto del Camino de Santiago a su paso por la región y ha ratificado que también "estará"una vez concluya el expediente para su protección por la Unesco, que se prevé esté finalizado para noviembre de este año.

Así lo ha asegurado en el Pleno del Parlamento , a raíz de una batería de preguntas formuladas por la diputada del PSOE Cristina Pereda a propósito de la supuesta modificación del trazado para su desvío por Ajo.

El consejero ha señalado que el alcalde de Bareyo, José de la Hoz (PRC), -que gobierna el Ayuntamiento junto con el PSOE-, presentó un escrito a la Consejería según el cual el Camino "tenía que pasar por Ajo", escrito que no se ha admitido.

Consorcio de piscinas

En el Pleno también se ha abordado un bloque de preguntas, formuladas igualmente por la diputada socialista al consejero del ramo, sobre el conflicto surgido en las piscinas de varios ayuntamientos a cargo del Consorcio de Instalaciones Deportivas.

Tras detallar que el Gobierno ha abonado al Consorcio más de 13 millones para la construcción de tres piscinas, Serna ha destacado la de Colindres -cuyo alcalde, José Angel Hierro (PSOE), es el preside el Consorcio-, que costó 6 millones, que es "más del doble o el triple" que viene a suponer de media una piscina en Cantabria en los últimos años.

A este respecto, Serna ha reflexionado sobre la posibilidad de plantear este extremo a Intervención y al Tribunal de Cuentas para que haga una auditoría en el Consorcio, y aclarar el gasto de 13 millones en tres piscinas, de los cuales casi la mitad del montante se ha destinado a una sola instalación.