Las residencias de mayores no dan abasto: «Están todas completas»

A los 77 años, se las apañaba para desenvolverse sin depender de nadie. En la misma casa que compartió con su marido hasta que enviudó. Salía a dar paseos con vecinas del barrio, que aprovechaba para hacer sus recados, incluido el paso por la farmacia, donde recogía la medicación recetada para las distintas dolencias que se le fueron adosando con la edad. Hasta que todo eso se convirtió en pasado en un abrir y cerrar de ojos. Episodios como este suceden prácticamente a diario. Por una fractura de cadera que desencadena una caída fatal –o viceversa–, por un ictus, por los efectos de enfermedades neurodegenerativas (alzheimer, parkinson...), por el propio deterioro del peso de los años... irrumpe la dependencia y pone patas arriba la red familiar. Aunque no falte voluntad para asumir el cuidado, con frecuencia el nuevo día a día es tan incapacitante que desborda. Y quienes hoy busquen el ingreso en un geriátrico como la irremediable solución al problema se van a encontrar con que «no hay plazas libres en toda Cantabria».

Las residencias de mayores de la región no dan abasto para cubrir la demanda acumulada. Lo saben bien las familias que tienen a su cargo una persona dependiente para la que no encuentran «desde hace meses» plaza «ni siquiera pagando» el coste íntegro de la estancia –es cierto que las plazas privadas representan una minoría del total–. Cuando el cuidado en casa se vuelve imposible y se deciden a dar el paso de solicitar una plaza pública, en la que el usuario abona una parte y el resto lo financia la Administración, descubren que impepinablemente les toca esperar. ¿Cuánto? Nadie lo puede concretar.

Antes no solo tienen que tramitar la solicitud de la ayuda, previo examen de valoración del grado de dependencia, sino que aún teniendo reconocido el derecho a disfrutar de una instalación concertada se van a topar con que «está todo completo, hasta en Valdeolea se ocupó ayer la última», admite Rubén Otero, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) en Cantabria, una de las principales del sector. «El problema de déficit de plazas es serio. Esto se veía venir. Se sabe desde hace cuatro o cinco años que iba a pasar, pero nos ha pillado el toro». Hasta el punto, dice, de que si tuviéramos una varita mágica capaz de crear 500 plazas, se llenaban ahora mismo.

El cálculo no resulta exagerado si se compara con la lista de espera que maneja el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), que gestiona todos los expedientes acogidos a la ley de dependencia. Según los últimos datos publicados en agosto, son más de 400 las personas pendientes de acceder a una residencia de mayores, que están a expensas de las vacantes que se generen por fallecimiento –cualquier otra causa es más improbable–. Desde la Administración insisten en que en este cómputo se incluyen personas que aguardan a entrar en un centro concreto, por lo que en algunos casos han denegado ingresar en otros donde sí había disponibilidad. No obstante, esa lista crecería si se contabilizaran las familias dispuestas a sufragar al menos temporalmente una plaza privada si así pueden proporcionar una atención para la que ya no bastan dos manos.

«El gran problema se encuentra en el arco de la bahía, donde no hay ninguna plaza libre y se acumula la mayor demanda», sostiene Aitor Pellón, presidente de la Plataforma de Atención a la Dependencia en Cantabria (PAD), que aglutina 800 plazas, entre ellas las 218 de la residencia que dirige, la de Ecoplar, en Camargo, así como otros centros repartidos por la región, localizados en Mortera,Soto de la Marina, El Astillero, Puente Viesgo o Reinosa. «La situación no es dramática, pero sí preocupante», añade, al menos «hasta que se terminen las obras de ampliación en marcha». Son varios los centros que están en ello. En El Astillero, Maliaño, Valdáliga, Santander (San Cándido)... En Meruelo abrirá uno nuevo en seis meses. Las plazas que se ganan ayudarán a paliar la situación, pero «no serán suficientes», advierten los empresarios.

«Durante los años de la crisis, aún sabiendo que la demanda iba a ser creciente por el progresivo envejecimiento poblacional, nadie se atrevió a invertir. Primero porque construir una nueva residencia de cien plazas puede costar unos cinco millones de euros y tienes que encontrar un banco que te financie; segundo, porque no tienes la seguridad de que el Gobierno te vaya a concertar, y, tercero, porque aunque lo haga, el margen de beneficio es muy ajustado», sostiene Otero. Una opinión que comparte el gerente de Ecoplar: «La gente no se ha lanzado a invertir porque no se ganaba dinero, más bien al contrario. Una circunstancia que no se da solo en Cantabria, es un problema nacional», aclara.

También Víctor Pandal, responsable de una residencia de mayores de Val de San Vicente que ha alcanzado el «lleno», subraya que «estamos en un sector muy dependiente de la Administración, porque la mayoría de las plazas (en concreto 4.087) son concertadas». Y lo es para lo bueno y para lo malo. Así, la rebaja de 2012 en los precios que el Gobierno paga por cada plaza concertada fue «un duro golpe para nosotros. Nos movemos en un filo muy pequeño y cualquier variación socioeconómica nos repercute», apunta Pandal. De la misma forma, que la ampliación de plazas públicas fue lo que permitió salir a flote a la residencia Virgen del Faro, en Valdenoja. «Abrí en el peor momento, en plena crisis (2014)», reconoce la gerente de Promaioren, PilarMateo. «Al principio fue horroroso, solo me concertaron 30 de las 160 plazas, y en aquel entonces no había tanta demanda de plaza privada como hay ahora», explica. El centro, que llegó a estar «en quiebra técnica», es hoy uno de los más solicitados de Santander, en situación de ‘completo’ de forma ininterrumpida. «Está todo lleno, una situación que se ha producido en nada de tiempo. Hasta en nuestra residencia de Puentenansa, que hemos estado al 70%, desde hace tres meses la tenemos repleta», apunta la máxima responsable de este grupo con dos centros en San Vicente y Limpias, con idéntica ocupación.

«De repente se ha completado todo. No sabes la de plazas que teníamos vacías en San Vicente durante la crisis, y ahora tenemos lista de espera», añade. Todas las partes consultadas coinciden en que «una vacante es ocupada de inmediato, a veces en apenas 24 horas». No obstante, aunque el relevo sea rápido, «la media de tiempo transcurrido desde la solicitud ronda los seis meses», y dependiendo del centro requerido, la espera se puede disparar más allá de un año.

¿Qué ha desencadenado este aluvión de solicitudes? Los empresarios apuntan a la convergencia de varias razones: la salida de la crisis y la necesidad de atención especializada para el cuidado de los ancianos. Porque «cuando alguien lo necesita, lo necesita con inmediatez, bien porque ha habido una caída o han sufrido un ictus, por ejemplo, y las secuelas hacen imposible volver a vivir en el domicilio, con lo cual se encuentran con que reciben el alta hospitalaria, pero no están en condiciones de volver a casa. Ahí es cuando los hijos buscan una residencia y cuando descubren que no es fácil encontrarla», sostiene Pellón. La diferencia con respecto a lo que pasaba años atrás es que «ahora hay gente que se plantea tirar de ahorros para pagar el ingreso, que puede costar alrededor de los 2.200 euros mensuales, hasta que esa persona pueda acceder a una plaza concertada, que está sobre los 1.400 euros», parte de la cual financian las arcas públicas. La demanda se concentra en Santander, Torrelavega y alededores «no solo por volumen de población, sino también porque se buscan centros próximos a los domicilios o lugares de trabajo de los hijos, para facilitar las visitas», señala Alfonso Herreros, presidente de la Asociación Lares, que engloba a los antiguos asilos o fundaciones sin ánimo de lucro, como el de Torrelavega (San José), San Cándido y la Caridad, en Santander; y otros ocho centros (Santoña, Comillas, Potes, Reinosa...).

Una circunstancia que va ligada al cambio de perfil del usuario. «La mayoría de la gente cuando viene es porque ya no puede vivir en su casa, tienen una dependencia severa, muchos no están ni para salir al jardín. En realidad, las residencias se están convirtiendo en hospitales de larga estancia», opina Pellón, que avanza el eventual riesgo que puede haber a futuro si no se reconduce este panorama: «Nadie se lo está planteando aún, pero puede ocurrir que llegue el día que los centros digan que no quieren plazas concertadas y que las conviertan en privadas...». Madrid ya conoce el caso.

No obstante, el sector confía en que la negociación en ciernes con el Gobierno regional sobre la nueva normativa llegue acompañada de una subida de precios, lo que «sería un aliciente para los inversores». «Puede parecer que una plaza en una residencia es cara, pero hay que ver el tremendo coste en personal que conlleva.Son centros que requieren un gran desembolso de entrada y que, para cuando acabas de pagar la hipoteca, ya tienes que volver a reformar», explica Pellón. También Otero apostilla que «no es un negocio tan rentable como se ve desde fuera». Pese a los «aprietos» que se apuntan de puertas para adentro, de cara al exterior, el sector «ha ganado en confianza», otro factor que, sin duda, ha influido en las dimensiones de la demanda, como recuerda Herreros: «Las residencias hemos avanzado mucho en el cuidado de las personas y en la ayuda al envejecimiento activo. Antes las familias eran más reacias, pero se han dado cuenta de que una persona que vive sola en casa, se limita a ver la tele y no lleva unos horarios de comidas, envejece antes. Los centros de atención a la dependencia aportan más calidad de vida».