Expertos piden que se limite la competencia urbanística local

La jornada inaugural de los 'Encuentros frente al mar: acoso al territorio', celebrada ayer en las aulas de la Universidad de Cantabria, arrojó una conclusión: las competencias urbanísticas que actualmente están en manos de los ayuntamientos deben ser limitadas. Fue una de las ideas principales que cabe deducir de las intervenciones de algunos de los catedráticos, como Gonzalo Quintero Olivares, Javier Álvarez García o Luis Martín Rebollo.

Para el primero de ellos -ponente de la primera de las conferencias- «la tradición española no era que el urbanismo fuera una decisión libérrima de los ayuntamientos», como parece que ahora ocurre, y «no lo ha sido tampoco en Europa». Todo cambió a partir de los años cincuenta y de ese cambio se deducen, según Quintero Olivares (penalista de la Universidad de Tarragona), algunos de los problemas sobrevenidos en la actualidad. Por eso defendió que «el nivel de competencias de los ayuntamientos debe ser urgentemente revisado».

También habló del difícil reto de «buscar el objeto de intervención del Derecho Penal» y, en este sentido, apuntó a la necesidad de juzgar «la omisión, la pasividad, la falta de eficacia de quienes deben vigilar las infracciones urbanísticas», en un país en el que el número de infracciones es altísimo y en el que, en cambio, «el número de procesos penales por delitos urbanísticos es bajísimo».

Luis Martín Rebollo habló de que «el Derecho difícilmente puede solucionar un problema que excede del Derecho» y que, a su juicio, tiene raíces «culturales», en tanto que Javier Álvarez habló de un «sistema» concebido para «la explotación del territorio e, indirectamente, de las personas».

Las afirmaciones de los tres profesores tuvieron lugar en la sesión de apertura de las jornadas, a la que asistieron, además, la vicerrectora de Difusión del Conocimiento, Consuelo Arranz; el decano de la Facultad de Derecho, Juan Baró; y la directora del curso, Paz de la Cuesta Aguado,.

Además intervino Juan Manuel Alegre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, quien aseguró que «es el órgano judicial el que tiene que valorar» y, aunque se refirió a las obras públicas, advirtió que «puede haber razones de interés público en la preservación de obras privadas».