El Consejo de Estado no avala la rescisión de la empresa Diavida, pero Sanidad pacta su salida

Todo ello después de recibir el Dictamen del Consejo de Estado con un resultado que no era el que esperaban en la Consejería de César Pascual. La resolución, fechada el 25 de junio, concluye que «en el expediente se observa una irregular práctica del trámite de audiencia al interesado, que ha dado lugar a la indefensión de la contratista y que en el momento actual impide la resolución del contrato».

Y no solo eso, sino que en el fondo del asunto –precisa– «solo pueden tener verdadera relevancia resolutoria las denegaciones u omisiones en la prestación del servicio de transporte de enfermos, o las vulneraciones de relevancia del convenio colectivo, pero en ambos casos falta la suficiente prueba (…)». Es decir, que los argumentos expuestos en la propuesta –entre los que se incluyen las quejas de ámbito laboral, como el retraso sucesivo en el pago de nóminas– no justifican la ruptura con la concesionaria. A juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, «no procede resolver el contrato». Dictamen tajante, que dio lugar a la negociación posterior con Diavida para concretar los términos del relevo. «En dos días ya estará la resolución del nuevo expediente de inicio de rescisión», indican desde la Consejería. Aunque las condiciones serán bien diferentes, para alivio de la compañía valenciana, que corría el riesgo de marcharse completamente arruinada. No en vano, en juego estaban los 595.000 euros del aval.

La confirmación de la rescisión fue anunciada en el debate sobre el estado de la región de este jueves por la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, que no hizo referencia al dictamen del Consejo de Estado ni concretó los términos de la salida pactada. Tras escuchar las críticas de los grupos de la oposición por la problemática de las ambulancias, les pidió que también «feliciten alguna vez al Gobierno», porque «el muerto» de acabar con este contrato «no era tan fácil».

Fue el 4 de febrero cuando en el Pleno del Parlamento se aprobó la proposición no de ley por la que se instara al Gobierno de Cantabria a «elaborar un informe jurídico en el plazo de 15 días en el que se estudie la aplicación de las causas de resolución del contrato previstas en los pliegos, en especial la relativas al incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales».

A finales de febrero, se emite un informe del director médico (responsable del contrato) y de la subdirectora de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria (que cabe recordar que dimitió el cargo poco después) con las incidencias de los tres primeros meses de actividad de Diavida en Cantabria (de octubre a diciembre), relativas a «indicadores de los vehículos» y «tiempos de realización del servicio». El 14 de abril se propone el inicio del expediente de resolución del contrato y la empresa presenta sus correspondientes alegaciones. Al final, el Consejo de Estado avala su continuidad, pero ya es tarde. Diavida acepta irse tras negociar las condiciones con el Gobierno. «Los efectos de la resolución del contrato se limitarán a la liquidación en favor del contratista del importe correspondiente a los servicios efectivamente prestados», indica la resolución del gerente de Atención Primaria.