El retorcido negocio de las ambulancias

En Cantabria, esta prestación siempre ha estado externalizada, aunque la legislatura pasada el ala socialista del bipartito se planteó internalizarlo. Pero el cambio de Gobierno, con la vuelta del PP al poder, dio al traste con la idea. Al nuevo equipo, con César Pascual al frente de sanidad, le tocó resolver el cuadro que le dejó su antecesor, Raúl Pesquera (PSOE), que por primera vez había dividido el contrato del transporte sanitario en dos lotes. De un lado el urgente, que siguió conduciendo Ambuibérica, con su nueva marca Autransa (HTGroup); y de otro el programado, que en la primera licitación quedó desierta y en la segunda se llevó la valenciana Diavida, que adelantó por sorpresa al grupo sevillano SSG (Servicios Sociosanitarios Generales). Pero entre un proceso y otro, Sanidad tuvo que salir a apagar un fuego: negociar una prórroga con Ambuibérica e inyectar más dinero (en concepto de combustible y mantenimiento) para que la plantilla del programado cobrara la subida del convenio colectivo que ya habían recibido los técnicos del urgente, al estar ese incremento sujeto a la nueva adjudicación. En aquella reivindicación, los miembros del comité que presionaron hasta que Pascual sacó la cartera, fueron los mismos que han complicado el desembarco de Diavida en Cantabria hasta el punto de plantearle una huelga cuando aún no hacía ni dos meses que había desplegado su flota de 54 ambulancias.

Cierto es que a Diavida no le favorecía su carta de presentación: Una empresa familiar que optaba a un concurso del que se había descolgado el gigante HTGroup, porque no le resultaba rentable, y que ganaba con una bajada de 1,2 millones sobre el precio de licitación (su oferta fue de 11,9 millones). Maniobra muy cuestionada por los sindicatos, en especial por USO, que recurrió el resultado. El gerente de la compañía, Antonio Moreno, aseguraba entonces que había tenido que «sacrificar un poco de margen» para conseguir el contrato del SCS, al tiempo que pedía un voto de confianza para demostrar que «podemos dar un buen servicio a los cántabros».

Con lo que no contaba, más allá de las incidencias propias de cualquier comienzo, es con el golpe de mala suerte: la dana de Valencia le afectó de lleno, perdió 21 ambulancias y, en consecuencia, el respaldo financiero con el que iba a iniciar su andadura en Cantabria. Y a partir de ahí, vino la cascada de problemas. Sin tregua. Ni por parte del SCS, que al mes ya le había abierto un expediente de penalizaciones de 113.000 euros por las deficiencias del servicio –una cuantía que triplica la única sanción que consta a su antecesora–, ni por parte del comité, encabezado por los miembros de UGT que apenas un año atrás peleaban desde CSIF para mejorar las condiciones de esa prórroga prestada por Ambuibérica –casualmente, hay quien llegó a la subrogación después de un ascenso de categoría–.

Con todo en contra (quejas por demoras en los traslados de pacientes, bases y equipamiento del personal sin completar, fallos en la coordinación del sistema informático del SCS, sabotaje de vehículos...), el remate para Diavida fue el retraso en el pago de las nóminas. Y no fue ni uno ni dos. Una circunstancia que alimentó la indignación entre la plantilla y dio armas a sindicatos y oposición (PSOEy PRC) para elevar la presión. No en vano, el conflicto de las ambulancias ha sido abordado varias semanas en el Pleno del Parlamento, que aprobó en febrero, por unanimidad, que Sanidad encargase un informe jurídico para evaluar si cabía la rescisión del contrato.

La respuesta llegó el lunes, cuando el consejero, a preguntas de la diputada del PRC, Paula Fernández, y después de hacerse el remolón en el primer turno de palabra, explicando la complejidad del proceso y las condiciones que tendrían que darse para tomar una medida de ese calado, anunció que efectivamente había una propuesta de rescisión en curso.

Desde que Diavida reciba la notificación contará con diez días para presentar alegaciones. Si después de analizarlas, se mantiene el expediente, se trasladará al Consejo de Estado para que lo evalúe. La adjudicataria recibe el varapalo justo cuando empezaba a ver la luz tras realizar una fuerte inversión en Cantabria para habilitar vestuarios, taller, lavandería, oficinas... y aplicar los cambios organizativos de sus 136 trabajadores para combatir las demoras en los traslados.

Si al final el Gobierno rompe con la empresa, empezará la búsqueda de alternativas, lo que supondrá licitar un nuevo procedimiento por la vía de emergencia y «revisar las condiciones del pliego actual», apuntan desde el SCS. Una revisión que probablemente conlleve mayor dotación económica. Si es así, eso demostrará dos cosas: una, que las exigencias que están asfixiando a la compañía valenciana eran inasumibles con los medios dispuestos –lo cual evidenciaría el fallo del pliego, diseñado durante el Gobierno PRC-PSOE–; y dos, que puede acabar gestionando el transporte sanitario otro grupo empresarial que solo ha tenido que esperar a que se estrelle el plan inicial. Y mientras tanto, en los hospitales entran y salen las ambulancias a recoger y dejar pacientes que solo piden llegar a tiempo al destino. Problemas que, no olvidan, existían antes del 1 de octubre, que llegó Diavida. Ahora hay que ver si desaparecerán cuando no esté.