El Gobierno busca un «amplio consenso» en el concurso eólico

Despilfarro, excesos, promesas incumplidas o proyectos inacabados y mala gestión. Estas fueron algunas críticas lanzadas ayer por el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, al anterior Gobierno PSOE-PRC, en su primera comparecencia en el Parlamento de Cantabria para exponer las líneas maestras de su política en esta legislatura. Pese a todo, anunció que el Gobierno del PP recurrirá a «la prudencia y a un «amplio consenso» para resolver los problemas de anteriores legislaturas, entre ellos los errores «colosales» en la tramitación del concurso eólico.

Acompañado por cinco altos cargos de su departamento, Arasti insistió ayer en varias ocasiones en que trabajará con «prudencia y sin excesos», para lograr unos objetivos realistas. «De nada sirve hacer planes que luego no se cumplen», dijo, en alusión a los compromisos del anterior Gobierno de crear 11 millones de metros cuadrados de suelo industrial y de sacar adelante 1.400 megavatios de potencia eólica a través del Plan Energético Regional 2011-2020. «Sólo creó un 8% del suelo industrial previsto y sólo han sido capaces de instalar 35,3 megavatios y, en cambio, qué cantidad de problemas han sido capaces de crear». El consejero enumeró estos contratiempos «de proporciones colosales», pero no desveló las claves que guiarán su política en materia de energía eólica. Se refirió al proceso penal contra los anteriores consejeros de Cultura e Industria, Javier López Marcano y Juan José Sota, los recursos administrativos y un informe del Defensor del Pueblo que advertía sobre posibles irregularidades.

En materia de energía eólica marina, para el nuevo Gobierno el objetivo de poner en marcha 500 megavatios en los próximos años es «desproporcionado» si se tiene en cuenta que en todo el mundo hay instalados 3.500 megavatios y la profundidad de las aguas del Mar Cantábrico requieren de una tecnología flotante que está todavía por desarrollar. El consejero también se refirió a la escasa potencia instalada en Cantabria en los últimos ocho años y aseguró que «el anterior Gobierno habló mucho de energía, pero instaló poca». Y ofreció un nuevo dato, en 2010 el consumo de energías renovables en Cantabria era del 4,1%, el mismo que cinco años antes. «No se ha avanzado nada».

Turismo y comercio

El consejero aludió a la herencia recibida en turismo y comercio, y dijo que ha habido «una competición» entre los anteriores responsables de estas materias, Javier López Marcano y Ángel Agudo, «para ver quién lo hacía peor». Este comentario fue contestado por el regionalista Rafael Pérez Tezanos, que resaltó que Marcano y Agudo son los gestores «más capaces» que ha tenido el Gobierno de Cantabria. «No es bueno escupir para arriba, porque a lo mejor te cae encima», dijo.

Arasti ahondó en sus críticas en materia turística y criticó el «despilfarro» en Cantur, la Sociedad Regional de Turismo y El Soplao, todas ellas con un crecimiento «espectacular» de personal. Y se comprometió a impulsar planes comarcales de competitividad turística y a dar mayor protagonismo a la cueva de Altamira, entre otros.

En comercio, «reconducirá» las sociedades Santander Centro Abierto y Torrelavega Centro Abierto y se creará el Consejo Cántabro de Consumo. Se impulsará la e-Administración y se promoverá un plan de innovación.

Los diputados del PRC y del PSC-PSOE Rafael Pérez Tezanos y Juan Guimerans recriminaron al consejero que siga «hablando del pasado» porque, «es hora de actuar y de gobernar». Guimerans dijo que no se puede aceptar una acción de Gobierno «basada en la crítica permanente» al anterior Ejecutivo.

La diputada del PP María Antonia Cortabitarte insistió en que la gestión de los anteriores responsables de gobierno no ha sido «ningún ejemplo» y gracias a ellos Cantabria «está en la situación en la que está».

Dudas sobre inversiones

El Grupo Regionalista anunció ayer que, ante las dudas surgidas, interpelará al Gobierno de Cantabria sobre sus planes para atraer inversiones industriales a Cantabria y planteará una batería de medidas en materia de empleo, turismo y conciliación de la vida laboral y familiar.