Muchos de los acuerdos que toma la Corporación de Torrelavega a instancias de la oposición no se llegan a cumplir por falta de voluntad política del gobierno municipal de turno. En algunos casos, son mociones que se aprueban por unanimidad y con el aplauso del público, pero que, con el paso del tiempo, se convierten en papel mojado. Eso es lo que denuncian dos grupos de la oposición, PRC y ACPT, quizá los más perjudicados durante la pasada legislatura por lo que califican como paripés o actos teatrales durante las sesiones plenarias.
El portavoz regionalista, Pedro García Carmona, dice que a los vecinos hay que explicarles que a veces los políticos, cuando están en el gobierno, establecen unas prioridades «muy poco democráticas», haciendo primar los intereses del partido o las «conveniencias personales» sobre la voluntad de los representantes de los ciudadanos. «Muchos males vienen de ahí -añade-, de esa falta de talante democrático, porque lo que hay que hacer es creer en las instituciones, estar convencido de la importancia que tienen y, sobre todo, del servicio que prestan al ciudadano. Los gobiernos deben luchar, al menos, por cumplir los mandatos y no quedarse en hacer simples paripés».
Esther García, portavoz de ACPT, tiene la impresión de que algunos de los acuerdos que ha logrado su grupo simplemente «se han archivado». Afirma que su partido suele ser muy «celoso» para que se cumplan porque entiende que «su aprobación en Pleno suele responder más a una cuestión de estrategia política que de convencimiento». Según García, suelen ser acuerdos sobre importantes demandas sociales que los gobiernos adoptan «con nula voluntad de llevarlos a cabo».
Como si fuera un teatro
La portavoz de ACPT profundiza en su denuncia: «Se está jugando con la gente. Yo he comparado muchas veces el salón de plenos con un teatro. Se escenifica la democracia, pero detrás no hay casi nada. El PSOE tiene mucha culpa de este estancamiento. La mayoría de los concejales de los partidos convencionales llegan a ver a su grupo como si fuera una empresa. Dejan a un lado sus compromisos sociales y hacen primar únicamente sus intereses personales».
García pone como ejemplo el «incumplimiento» de ocho «mandatos» que logró su grupo durante la pasada legislatura y de los que no se ha vuelto a saber nada: «Establecer una relación más directa entre las tasas y los consumos de agua; reapertura del colegio público de Campuzano; exigir a Renfe y Adif licencia de actividad para el trasiego de mercancías peligrosas en Tanos; construcción de un vial entre Ganzo y Dualez; redacción de un catálogo de árboles singulares; paralización cautelar de un transformador eléctrico de EON en una comunidad de vecinos; creación de un área de pernoctación para autocaravanas».
Las quejas de los regionalistas no se quedan atrás. Ellos exhiben 10 mociones que han corrido la misma suerte. Entre ellas, cabe resaltar acuerdos para la defensa de estudios universitarios, la Gimnástica, trabajadores municipales, parejas que se separan, familias con dificultades para atender a sus hijos, seguridad, infraestructuras, etc.
