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La mayor parte del trabajo ya está realizado en Arenas de Iguña. El problema son las cuarenta flamantes viviendas que de momento no tienen dueño. :: NACHO CAVIA
El gobierno de cantabria tiene 138 pisos para los que no encuentra dueño

Las viviendas sociales se quedan sin compradores por falta de recursos

El 80 % de los solicitantes de los pisos de protección oficial no acredita ingresos superiores a 12.000 euros anuales

IRMA CUESTA

Lunes, 12 de diciembre 2011, 20:40

El 80% de los cántabros inscritos en el registro de demandantes de vivienda ingresan menos de 12.000 euros anuales. Es lo mismo que decir que, sin ayuda, no podrán acceder a la financiación que necesitarían para la compra de una vivienda de protección oficial (VPO). Hace meses que aquella imagen de un pabellón atestado de gente esperando a que la fortuna intercediera y su nombre surgiera de una urna llena de papeletas anunciándolo como el elegido para optar a la compra de una vivienda social, ha pasado a la historia. De hecho, gran parte de las VPO construidas no tienen quién las compre. El Gobierno tiene en estos momentos sin vender, construidas o adjudicadas para construir por Sicán, 138.

Desde la Consejería de Obras Públicas se asegura que la crisis ha hecho convivir dos problemas difíciles de solucionar cuando el objetivo es conseguir reactivar el sector de la construcción y facilitar el acceso a una vivienda digna a los menos favorecidos económicamente: Si los compradores no consiguen financiación, los promotores tampoco.

Los datos que maneja el Ejecutivo prueban que hoy en día las VPO apenas tienen salida. De las últimas 23 construidas en Polientes (Valderredible) hay 14 sin vender a pesar de que se presentaron cuarenta solicitudes; de las 35 de Santoña 9 tampoco han sido vendidas y la Consejería ya se ha puesto en contacto con 247 solicitantes que han rechazado la oportunidad de quedarse con una de ellas; de las 29 de Ruiloba, 6 no tienen aún propietario y tampoco 40 de las 76 construidas en Arenas de Iguña, a pesar de que las habían pedido 336 vecinos. En este caso, el sorteo había repartido en su día todas las viviendas, pero muchos vecinos han tenido que renunciar, por lo que la idea de los responsables de Gesvicán es reagruparlos en los mismos bloques y dejar el resto para alquilar, una vez se hayan concluido las obras.

Son sólo algunas cifras a las que se suman otras no menos desalentadoras: los promotores tenían calificación provisional para mil viviendas de VPO en 2011 y sólo han conseguido financiación para 18.

Ante este escenario, la Consejería que dirige Francisco Rodríguez estudia nuevas fórmulas para dinamizar el sector. Busca una salida sin perder de vista esos datos y los escasos resultados de las últimas iniciativas que puso en marcha en anterior Ejecutivo.

«El sistema no funciona»

Por si eso fuera poco, el consejero asegura que, en ocasiones, se da una situación disparatada en la que la vivienda libre es más barata que la VPO, y avanza que una de las opciones en las que trabaja su equipo pasa por ofrecer ayudas para poder comprar en el mercado libre.

Según Francisco Rodríguez, su departamento dará un vuelco a la gestión y promoción de viviendas de protección oficial para evitar casos como el que ha encontrado en La Cocina, un pueblo del municipio de Valdáliga, con 42 habitantes según uno de los últimos censos publicados, en los que el bipartito proyectó construir 12 viviendas VPO (seis ya están terminadas y las otras seis están pendientes de comenzar los trabajos) que han salido a la venta a cerca de 150.000 euros y de los que aún no se ha vendido ninguna.

El pacto por la vivienda que el Ejecutivo PRC-PSOE firmó con los agentes sociales y económicos en los primeros meses de 2010, con el ambicioso objetivo de crear 10.000 puestos de trabajo en seis años, construir 8.000 viviendas de promoción pública, desarrollar una bolsa de suelo para edificar otras 3.000 y crear un parque público de viviendas de alquiler de, al menos 600, tiene los días contados después de que el actual consejero haya asegurado que, a fecha de hoy, el resultado de aquella operación se resume en 21 viviendas vendidas Rodríguez ya ha adelantado que la intención de su equipo es cambiar el sistema, «porque no funciona».

Datos poco esperanzadores los surgidos del último pacto de vivienda a los que se suma el ya mencionado: el 80% de los incluidos en el registro de demandantes de vivienda ingresan menos de 12.000 euros anuales.

Para acceder a una VPO, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (2009-2012) establece que la unidad familiar no puede percibir ingresos que excedan dos veces y media el Iprem - el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o, lo que es lo mismo, el índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos a muchos efectos-. El Iprem de 2011 se fijó en 7.455 euros. Eso quiere decir que la mayor parte de los demandantes cántabros cumplen con creces los requisitos, pero el problema está en que sus rentas se sitúan muy por debajo, tanto que encontrar un banco que les financie una compra que gira entorno a los 150.000 euros es casi una utopía. «Tal y como están las cosas, tenemos que apostar por viviendas de alquiler con opción a compra», asegura el titular de la Consejería de Obras Públicas.

La vía de los alquileres

Los primeros pasos en ese sentido ya están dados. El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa Gesvicán (Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria), ha anunciado la oferta de alquiler de los 14 pisos de protección oficial en Polientes (Valderredible). Estas viviendas, de régimen especial, se entregaron al final del año pasado y se ofrecen en alquiler las 14 que se quedaron sin vender.

Los inquilinos de las viviendas de Polientes tendrán la posibilidad de comprarlas, de tal manera que el precio máximo de venta a los cinco años será el que corresponda a una vivienda calificada en su mismo régimen, en la misma ubicación y en el mismo día en que se firme la escritura de compraventa.

También se descontará del precio de venta, como mínimo, el 50 por ciento de las cantidades satisfechas en concepto de alquiler, sin actualizaciones. Para la formalización del contrato de alquiler se exigirá al inquilino una fianza de igual importe al de la primera mensualidad.

Además de la propuesta que de momento el Gobierno circunscribe a Polientes, los interesados pueden ya recurrir a las ayudas que el Gobierno de Cantabria concede para favorecer el acceso a la vivienda de arrendamiento. eso sí, deben cumplirse las condiciones legales, es decir, que sean personas físicas, empadronadas en Cantabria y que formalicen un contrato de alquiler dedicado a su domicilio habitual y permanente.

La cuantía máxima de la ayuda establecida por la Consejería de Obras Públicas es del 40 por ciento de la renta mensual a satisfacer, con un máximo de 3.200 euros. La duración máxima son 24 meses y para los jóvenes entre 22 y 30 años, se señala una renta básica de emancipación de 210 euros mensuales para el pago del alquiler durante cuatro años.

Propuestas diferentes con las que pretende conseguir que las viviendas ya construidas no se queden vacías y que aquellos que tienen problemas para conseguir una vivienda digna lo tengo un poco más fácil.

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