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Enrique Munárriz
Jueves, 25 de febrero 2016, 07:15
El Ministerio de Hacienda amplía su ofensiva en busca de bienes inmuebles ocultos, bien porque no estén declarados ante el Catastro, bien porque no tienen una contribución que se ajuste a su naturaleza y por ello sus propietarios pagan menos Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del que deberían.
El departamento dirigido por Cristóbal Montoro intensifica el rastreo de obras no declaradas a otros 32 municipios, más de un tercio de los ayuntamientos de la región, después de que hace unos días se hiciese público que ya lo estaban haciendo en Santander.
La Administración ha puesto el foco ahora en municipios como Torrelavega, Santoña, Comillas, Santillana del Mar, Reocín o, entre otros, Vega de Pas. Pero la vigilancia pretende extenderse a prácticamente la totalidad de las localidades. Pese a que se esperaba concluir la actualización de los padrones a finales de este año para toda España, esta nueva resolución de la Dirección General del Catastro (publicada en el BOE el pasado lunes), amplía el plazo hasta finales de julio de 2017.
Una piscina nueva que no se declaró, ese comedor con baño para invitar a cenar a los invitados en una casita exterior en la finca, el ático retranqueado o la ampliación de la vivienda que no se ha registrado y que, por tanto, no tributa por los metros añadidos. El objetivo es detectar esas construcciones que actualmente no pagan impuestos (caso del IBI) pero que disfrutan de todos los servicios municipales. Es lo que se denomina actualización del padrón de inmuebles.
Ampuero, Arnuero, Bárcena de Pie de Concha, Bareyo, Campoo de Yuso, Comillas, Corvera de Toranzo, Herrerías, Lamasón, Liendo, Limpias, Marina de Cudeyo, Miengo, Polaciones, Ramales de la Victoria, Rasines, Reocín, Rionansa, Las Rozas de Valdearroyo, Ruesga, San Felices de Buelna, San Miguel de Aguayo, Santillana del Mar, Santiurde de Toranzo, Santoña, Soba, Los Tojos, Torrelavega, Tudanca, Valle de Villaverde, Vega del Pas y Villafufre.
Con carácter retroactivo
Los técnicos de Hacienda encargados de desarrollar las revisiones, además de las tradicionales visitas personales, cuentan con la ayuda de medios aéreos que, a través de ortofotos realizadas desde un helicóptero, verifican si las construcciones captadas concuerdan con la realidad declarada anteriormente en el catastro.
La regularización no saldrá gratis y la cuenta a pagar no será solo a futuro. Por cada inmueble no declarado, el ciudadano tendrá que pagar una tasa de sesenta euros y además se le exigirá la tributación de los últimos cuatro años conforme a la base liquidable fijada por el catastro. Es decir, tendrá que abonar con carácter retroactivo las tasas de los últimos cuatro cursos.
Aquellos que no lo realicen voluntariamente, y que hayan sido detectados por los inspectores, habrán recibido ya, o recibirán, una notificación informando de la construcción irregular detectada, y tendrán un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Si finalmente estas explicaciones no frenan el proceso, el propietario deberá hacer frente a sus obligaciones tributarias y, de no hacerlas efectivas, tendría que abonar una sanción que puede alcanzar los 6.000 euros.
Más ingresos municipales
Con esta recaudación se potenciarán los ingresos de los ayuntamientos a través del IBI, que de media suponen el 44% de sus ingresos ordinarios. Los inspectores de Hacienda se proponen llegar a un total de 7.595 ayuntamientos españoles en cuatro años. Esta labor de inspección incluye la revisión de hasta un total de 78 millones de inmuebles urbanos y parcelas rústicas.
Las nuevas localidades se sumarán a una tarea que ya ha dado resultados en otros municipios cántabros. El plan de trabajo (que arrancó en 2013) ya había detectado al menos 41 bienes ocultos en once municipios con ayuda de fotos aéreas realizadas desde un helicóptero hace aproximadamente un año. Las imágenes permiten la comparación de los documentos registrados con el estado actual, lo que motivó las notificaciones del departamento que dirige Cristóbal Montoro a un mínimo de 41 vecinos de Santiurde de Reinosa, San Vicente de la Barquera, Villaescusa, Bárcena de Cicero, Camargo, Castro Urdiales, Laredo, Medio Cudeyo, Penagos, Polanco y Ribamontán al Monte. Por entonces enero de 2015, el Catastro había iniciado el proceso de revisión en 34 de los 102 ayuntamientos cántabros.
Desde los consistorios animan a los contribuyentes a revisar los recibos. Es más, según Impuestalia (empresa dedicada a la optimización impositiva tanto en la tenencia como en la transmisión de bienes inmuebles) al menos en un 7% de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización podrán existir equivocaciones. «En caso de discrepancias con la valoración de la Administración, el beneficio para el titular del inmueble supondrá un ahorro vitalicio», advierte la compañía especializada.
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