Los tribunales cántabros también tienen problemas por la revisión de las causas penales

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, ha admitido que "existen problemas" derivados de los plazos para la revisión de causas penales por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero ha destacado el "esfuerzo" de fiscales y jueces de instrucción. También ha dicho que en esta comunidad hay muchas causas afectadas, pero ha asegurado que "por la voluntad y el esfuerzo" de fiscales y jueces de instrucción, que están trabajando de forma coordinada, "no va a quedar".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se ha pronunciado así en respuesta a preguntas de los periodistas, al término de una reunión que ha tenido en la sede del Gobierno con el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra.

A López del Moral le han preguntado por la revisión de causas penales en aplicación de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija en el próximo 6 de junio el plazo para llevarla a cabo.

La Asociación de Fiscal y la Unión Progresista de Fiscales han advertido del riesgo de incumplimiento del artículo 324 de la norma cuando venza el citado plazo para revisar todas las causas penales.

López del Moral ha puntualizado que este tema es competencia de la Fiscalía, pero ha destacado que no va a "eludir que existen problemas" por los plazos de "difícil cumplimento" que ha establecido esa reforma legal. El presidente del TSJC ha considerado así que es complicado cumplir ese límite temporal "con la estructura judicial y fiscal" que hay en "prácticamente todo el territorio nacional".

"A veces la gestión del cambio es complicada y por tanto nos cuesta esfuerzo adaptarnos, porque a lo mejor no tenemos todos los medios que son necesarios para el cumplimiento de estos plazos", ha advertido.

Causas sin concretar

López del Moral no ha podido concretar el número de causas que quedarían por revisar en Cantabria. "El número no lo puedo decir pero sí que son muchas causas", ha añadido.

Esta reunión con el consejero de Presidencia y Justicia ha sido una más de las que el Tribunal Superior y el Gobierno mantienen para estudiar la situación de la Administración de Justicia en Cantabria.

El consejero y el presidente del TSJC han explicado también que el proceso para la implantación del expediente judicial está ya técnicamente desarrollado, aunque todavía hay algunas dificultades concretas y equipos que deben ponerse al día.

Por ejemplo, si bien la Administración de Justicia y los operadores jurídicos están incorporados al sistema, aún quedan por sumarse algunos usuarios, por ejemplo cuerpos policiales para los relativo a atestados. También estaría pendiente el acceso remoto, desde fuera de los equipos de la Administración de Justicia.

El consejero ha explicado que además hay que cubrir todas las fases, ya que en la presentación o las notificaciones el proceso está informatizado, pero la tramitación y la gestión del expediente judicial en el día a día todavía necesita algunos "ajustes".

De la Sierra ha insistido en que la eliminación total del papel en el expediente judicial es "compleja", si bien Cantabria está "a la cabeza" entre las comunidades de España pese a algunos aspectos que aún se deben pulir. "Cantabria está a la cabeza en todo este proceso porque tenemos un sistema que es adecuado, pero que tiene muchísimos problemas", ha afirmado.

Pese a ello, el Gobierno y la Administración de Justicia siguen trabajando para avanzar en la eliminación del papel y, según De la Sierra, Cantabria está en condiciones de cumplir la ley que establece los primeros días de julio como plazo para implantar el expediente telemático.

En este encuentro también se han tratado otros proyectos, como la ley de Mediación o la mejora del servicio de peritaciones. Y López del Moral ha entregado a De la Sierra una publicación que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la violencia de género.

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación sobre la auditoría de la empresa regional MARE, y la posibilidad de que se trasladen a la Fiscalía presuntas irregularidades, De la Sierra ha dicho que el Gobierno no ha tomado ninguna decisión. Según ha apuntado, no está previsto tratar este asunto en el próximo Consejo de Gobierno.