La fiscal sube la petición de cárcel para De las Cuevas porque tardó en arrepentirse
Deshecho el pacto con el acusado, el Ministerio Público eleva a cuatro años y medio la pena al entender que reconoció los hechos "forzado por las circunstanciass y de forma paulatina"
DM .
Miércoles, 3 de mayo 2017, 14:00
La Fiscalía ha aumentado a 4 años y 6 meses la pena de prisión que pide para el exdirectivo de Sodercan Jesús de las Cuevas por apropiarse de 670.000 euros de la sociedad, en lugar de los 3 años y 9 meses que reclamaba y que el acusado había aceptado antes de la vista.
La fiscal ha pedido más pena en su informe final ante el "cambio de estrategia de la defensa", que ha solicitado una condena para el exdirectivo de 1 año y 9 meses y ha argumentado que no ejercía un cargo público en el juicio que esta miércoles ha quedado visto para sentencia.
Según el Ministerio Público, la condena ha de elevarse porque cree que el reconocimiento de los hechos del acusado "no ha sido pleno y absoluto", sino "paulatino y forzado por las circunstancias".
En su opinión, si el exdirectivo no reconoce que abusó de un cargo público para apropiarse del dinero no puede ya aplicársele la atenuante cualificada por la que rebajó su petición de pena.
La condena que pide la fiscal sigue siendo inferior a que reclama la acusación particular que ejerce la empresa pública Sodercan, que pide 5 años y 9 meses.
De las Cuevas, que ha ejercido su derecho a la última palabra al final de la vista, ha dicho que lamenta "profundamente" lo que hizo y que "no pasa un solo día" en el que no se "arrepienta".
"Ojalá pudiera cambiarlo pero no se puede, lo que sí se puede es dar la cara, para hacerse responsable, decir la verdad y hacer lo que esté en mi mano para reparar el daño", ha afirmado.
Y ha añadido que su intención ha sido siempre esa, que así lo ha hecho "desde el primer momento" y que espera "tener la oportunidad de seguir haciéndolo hasta el final".
Su esposa, que el martes ya reconoció su responsabilidad civil por haberse beneficiado del dinero apropiado e insistió en que confiaba en su marido, no ha querido añadir hoy nada más.
En el juicio ha declarado como testigo el representante legal de Sodercan, Pedro Labat, quien ha explicado que la cifra de 300.000 euros que aparece en el documento que firmó De las Cuevas, en noviembre de 2013, al día siguiente de que admitiera que había desviado fondos fue, la que el acusado indicó aunque después se fue descubriendo que la cantidad era mayor.
Labat ha señalado que "normalmente" el reconocimiento venía tras lo que se iba descubriendo en la investigación que abrió Sodercan, aunque ha contado también que el 2 de diciembre de 2013 el exdirectivo le envió una carta en la que decía que la cantidad apropiada superaba los 500.000 euros, junto a una relación de sus bienes.
Además de prisión y la devolución del dinero, la Fiscalía pide para De las Cuevas cuatro años de inhabilitación para cargo público y una multa de 3.600 euros por un delito de apropiación indebida agravada y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Para la fiscal, el acusado participó en el ejercicio de una función pública, con amplios poderes desde 2011 y canalizó recursos de la Unión Europea para los proyectos de los que Sodercan era socio, "de indiscutible interés social y público".
A su juicio, la calificación de malversación de fondos públicos que solicita la acusación particular "no es descabellada", si no fuera porque la perjudicada fue Sodercan, debido a su sistema de caja única, y no la Unión Europea.
La fiscalía considera que De las Cuevas "aprovechó que había una rendija por la que colarse en un sistema que fallaba para distraer fondos en su beneficio", que Sodercan tuvo que compensar en un momento de dificultades.
Cree que no se le puede achacar el ERE que derivó en 19 despidos pero sí que causó un quebranto económico de la sociedad y participó en su falta de recursos para pagar al personal.
Para la acusación particular, los hechos encajan en el delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad documental, porque los recursos que hizo suyos procedían de subvenciones de la UE para financiar proyectos, recursos con los que el acusado tenía "una relación de absoluto privilegio" ya que era la "persona clave" en la distribución de esos fondos.
Ha subrayado también que De las Cuevas ha causado, en su opinión, un "daño reputacional" a Sodercan que "no puede repararse" y que su comportamiento, "además de causar alarma social, atenta contra la dignidad de los ciudadanos de Cantabria".
"Desconcierto y descontrol"
En opinión de la defensa, lo que crea alarma social es "el desconcierto y el descontrol" que tenía la empresa pública, que ha calificado de "espeluznante", y que cree que se ha puesto de manifiesto en las declaraciones de los testigos.
A su modo de ver, no solo causa "daño reputacional sino también alarma social y sonrojo" que el exconsejero delegado de Sodercan Eduardo Arasti no conociera las cuentas de la empresa o que solo uno de los responsables de la empresa que han comparecido supiera cuál era su pasivo.
Ha argumentado asimismo que De las Cuevas no era un cargo público porque nunca fue nombrado por la autoridad competente, ya que Arasti "no le nombró nada sino que le quito funciones", y ha insistido en que siempre colaboró con la investigación.
La defensa ha pedido que se le aplique una rebaja en la pena por dilaciones indebidas, porque han pasado tres años desde que los hechos fueron reconocidos, un periodo que ve excesivo para "un asunto que no es complejo", ha dicho.
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