Santander exigirá que los pisos turísticos sean plantas bajas o tengan acceso exterior

La publicación del Decreto 225/2019, de 28 de noviembre, para la regulación de estas viviendas, permitió obtener una licencia de explotación con una mera declaración responsable presentada en la Dirección General de Turismo. Los ayuntamientos han tenido poco que decir desde entonces;pero todo eso cambia ahora, porque el nuevo Decreto devuelve la responsabilidad a los consistorios, que andan a la carrera para formalizar sus exigencias.

Estudiar el Decreto

En la capital la alcaldesa fue este miércoles contundente. El Ayuntamiento continuará dando el informe de compatibilidad urbanística a las viviendas turísticas que cumplan los requisitos recogidos en el PGOU. Los técnicos municipales están estudiando el decreto autonómico y el Ayuntamiento lo abordará hoy en una reunión de todos sus departamentos para estudiar posibles nuevas medidas. «En principio haremos lo que veníamos haciendo hasta el momento, dar el informe favorable a las que cumplen requisitos», subrayó Igual; pero la realidad es que hay multitud de pisos que actualmente se alquilan con carácter vacacional que no cumplen la norma. En concreto más de mil de los alrededor de 1.500 que se estima que se ofertan en la capital, según las cifras que maneja la Asociación de Viviendas de uso Turístico de Cantabria (Avutcan), donde ya estudian medidas legales por los «daños y perjuicios» que les causará la prohibición que se avecina.

El Gobierno regional ha otorgado ocho meses de plazo para que todos los particulares puedan obtener dichas licencias. Documentos que dependen, según la localidad, de los requerimientos de cada consistorio. «Es una locura, no tiene sentido y hace aguas por varias cosas», explica Jaime Paino, representante de los propietarios de pisos turísticos.

«Lo primero que se hace mal en Santander es interpretar el texto legal, porque nosotros no damos servicio de hospedaje, sólo alquilamos nuestras viviendas por estancias cortas», razona Paino. Cuenta que incluso la Agencia Tributaria contempla este uso con un régimen tributario diferente. «No ofrecemos los servicios propios de un hospedaje. No preparamos desayunos, ni damos toallas, no cambiamos sábanas», explica.

Cuenta que la realidad que implanta el nuevo decreto es la que existía antes de la otra norma publicada en 2019. «Antes de aquel año había que pedir licencia al ayuntamiento, pero el Gobierno se percató de que la ley no estaba reflejando la realidad de la diversidad de oferta de alojamientos, y sacó aquel decreto que ha estado vigente hasta ahora y que nos permitía alquilar», recuerda Paino.

Muchos propietarios realizaron reformas en sus casas, invirtieron para adecuar las viviendas que iban a arrendar de manera temporal a los requerimientos y a los estándares de calidad que se les requería «y ahora nos están diciendo que todo ese dinero que invertimos no sirve de nada porque no vamos a poder recuperarlo». Mucha gente hizo inversiones pensando en una rentabilidad a años vista que se ha visto truncada ahora con el nuevo texto publicado por el Gobierno regional.

Lo que se avecina, según el colectivo, es un aluvión de denuncias. «Lo primero que vamos a exigir son medidas cautelares para que no se puedan revocar las licencias que se tienen en la actualidad». No tiene sentido, defienden en la asociación, que la medida tenga carácter retroactivo porque eso va a conducir «a que muchos particulares se asocien para pedir responsabilidades a los ayuntamientos».

Sobre todo, defienden, «porque los consistorios que contaban con normativa al respecto, podían haber revisado las licencias otorgadas por la Dirección General de Turismo y podían haberlas anulado de acuerdo con sus ordenanzas, pero no lo hicieron. Eso nosotros lo entendemos como un consentimiento tácito o silencio administrativo».

Indignación por «las formas»

Lo que también ha indignado a los propietarios de pisos turísticos ha sido el tiempo y la forma en que se ha publicado el nuevo decreto. «No es casualidad que se haya elegido esta época del año para presentar el texto. Se ha hecho en verano, en plena entrada de agosto, porque ahora es cuando tenemos que estudiarlo y saben que todo el mundo está de vacaciones», protesta Paino. Aún hay un margen de ocho meses para formalizar las licencias, pero los afectados no están dispuestos a perder ni un día para organizarse contra lo que consideran una «falta de respeto» que recuerda a «Semana Santa, cuando ya presentaron el borrador». «Pretenden echarnos la culpa de lo que se ve últimamente en Cañadío, en El Puntal, etc. Y no, porque los datos lo confirman: la mayor parte de nuestros clientes son familias».

La batalla en Santander está abierta y avanza extrapolarse a otros muchos consistorios cántabros donde este negocio ha crecido exponencialmente en los últimos años.