4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
Los inquilinos de pisos en alquiler con opción a compra podrán ejercer ese derecho y los que la tienen en propiedad podrán venderlas ya sin ningún límite de precio
En Cantabria existen en estos momentos 14.804 viviendas que están bajo el régimen de protección oficial en cualquiera de sus variantes. Algunas las construyó el Ejecutivo autonómico, otra parte importante se impulsó desde el Ayuntamiento de Santander y la gran mayoría de ellas pertenecen a promociones privadas que, para ser autorizadas, tenían que ponerse en el mercado en unas condiciones que favorecieran el acceso a personas con rentas bajas. De ellas, 4.609 quedarán desafectadas en los próximos cinco años. ¿Qué implica este fin de su protección oficial? La consecuencia directa es que aquellas personas que accedieron a ellas como inquilinos en un alquiler con opción a compra podrán ejercer ese derecho, mientras que los que entraron directamente como propietarios podrán desprenderse ya de esos inmuebles al precio que quieran, sin estar sometidos a los topes de precio que establece la ley para las VPO.
Este proceso de desafección no provocará una revolución en el mercado inmobiliario de Cantabria, pero sí puede generar algunos efectos por el elevado número de inmuebles involucrados. En positivo, habrá inquilinos que se convertirán en propietarios tras años pagando religiosamente su renta mensual. Los que ya eran propietarios y se dispongan a vender ahora estos pisos también celebrarán el fin de las restricciones en el precio de la venta, pero es previsible que también contribuya a elevar aún más los precios del mercado.
Esas 4.609 viviendas que perderán la protección oficial suponen el 32% de las existentes. Un porcentaje muy elevado porque está a punto de caducar la protección de muchas de las promociones de la década de los 2000, un momento de gran actividad en este sector. Posteriormente, la construcción de VPO públicas o privadas se redujo casi a cero. Pese a ello, dependiendo su tipología, han estado entre 10 y 40 años con la catalogación de VPO de la que ahora se despiden. «Por desgracia, llegará un momento en el que no se va a poder desafectar ninguna vivienda porque en la etapa del bipartito PRC-PSOE no se ha construido ninguna», lamenta el consejero de Fomento, Roberto Media, que recuerda que ahora mismo está en marcha 285 viviendas de protección oficial para destinar al alquiler y que el Ejecutivo prepara un próximo paquete de promociones públicas con colaboración privada.
Según explica el Gobierno en una respuesta a un ciudadano en el Portal de Transparencia, 3.955 de estas viviendas corresponden a promociones privadas que se irán liberando de aquí a cinco años (503 este año, 523 en 2026, 1.059 en 2027, 861 en 2028 y las últimas 1.009 en 2029). Además, también se desafectarán 654 de promociones públicas en 2026, todas ellas en el Grupo Pintores Montañeses de Santander. Si ya estuviera en vigor la medida que ha propuesto el Gobierno de España de blindar «a perpetuidad» la protección de las viviendas que se construyeron con recursos de las administraciones, estas se incorporarían ahora al parque público. «Hoy somos una gran mayoría los que entendemos que es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que siempre sirvan al interés general. Aquí, las comunidades autónomas tienen mucho que decir y espero que este acuerdo sea unánime», defendía desde el Congreso la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Problemas históricos
En relación a las VPO, Media entiende que «lo lógico es que la gente acabe teniendo esas viviendas, ya sea con compra o con el alquiler con opción a compra porque los beneficiados son familias que en el mercado libre nunca van a tener acceso a la vivienda».
El consejero explica que, debido a los problemas de saturación de la administración y por un mal funcionamiento de la misma, cuando llegó al Gobierno detectó que en el área de Vivienda había problemas históricos con las VPO. Por ejemplo, que había familias que, llegado el momento, habían pedido ejercer la opción a compra y nadie les respondía: «Igual les faltaban solo 1.000 euros y el Gobierno no les arreglaba los papeles. O ya habían pagado el 100% y no les daban el visto bueno». Hasta el punto que se han detectado herederos que están intentando completar el proceso que iniciaron sus padres o que han vivido toda su vida en viviendas que han vuelto al Gobierno porque para solicitar el derecho también tenían que hacerse cargo de unas deudas inasumibles de sus progenitores.
Fomento y la UC crean una cátedra que analice y proponga soluciones al problema de vivienda
La Consejería de Fomento y la Universidad de Cantabria han acordado la creación de una cátedra de Vivienda con el objetivo de dar con fórmulas que atajen el problema de acceso «mediante la investigación y el conocimiento de la realidad actual y las posibles fórmulas para acelerar las soluciones a este fenómeno». Además de intercambiar información y elaborar estudios, la cátedra desarrollará seminarios de formación e investigación y reconocerá buenas prácticas en la materia. La Universidad de Cantabria asumirá bajo su dirección la ejecución del programa de actividades y la Consejería se encargará de aportar la financiación necesaria. La cátedra tendrá una duración de, al menos, cinco años y estará bajo la coordinación un miembro del personal docente e investigador con vinculación permanente a la UC cuya actividad académica guarde relación con este ámbito.
