Los afectados por las sentencias de derribo critican que se les inste a pleitear en Europa

En una nota de prensa, AMA critica las palabras que pronunció en el Foro de la Cadena Ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, que advirtió de que «quizás la única puerta que quede abierta para amparar los derechos» de los afectados por las sentencias de derribo sea la de acudir a los tribunales europeos, informa EFE

«Para estas familias no es de recibo que, después de años de injusticias, nos manden a Europa a buscar soluciones en la justicia europea», señalan los afectados por los derribos en una nota enviada a los medios de comunicación.

Destacan «la incapacidad» que demuestran las instituciones ante su problema e insisten en que sus sentencias «tienen más de 20 años y posiblemente toda acción esté prescrita».

«Si se pudiera abrir alguna puerta en Europa o en la ONU, allí iríamos con nuestra verdad», subraya AMA, que no obstante entiende que, «después de 20 años, pedir empezar nuevos y costosos procesos con poca o ninguna posibilidad de éxito puede ser hasta cruel».

La asociación muestra así su «preocupación» por las palabras pronunciadas por el presidente del TSJC y recalca que hay «reconocimiento público» de las instituciones, el Gobierno, el Parlamento de Cantabria y de los ayuntamientos afectados, que han pedido «perdón institucionalmente a las víctimas de las sentencias de derribo».

AMA cree, tras escuchar a López del Moral, que «algo pasa a la Justicia para que quienes tienen que impartirla estén tan lejos de la realidad».

Y añade que «la indignación y dolor que han producido» esas palabras del presidente del TSJC «sólo pueden ser justificadas por su falta de conocimiento de los procesos».

También se queja de que López del Moral «dudara» con la palabra víctima y hablara de «perjudicados». «En su próxima comparecencia seremos familias levemente molestadas», ironiza.

«Recordamos que es la propia Justicia la que condena en más de 30 sentencias a las administraciones públicas por los daños morales que nos han producido», asevera la asociación.

A su juicio, estas manifestaciones son «fruto de la improvisación». «Sabemos de su buena fe, de su comprensión con la situación de nuestras familias, pero después de tantos años estamos cansados, aburridos, con demasiado dolor a nuestras espaldas para abrir nuevos campos de enfrentamiento», insisten los afectados.

Y subrayan que «simplemente» piden que se cumpla la declaración institucional del Parlamento de Cantabria de 2 de mayo 2017, que manifestaba la necesidad de dar una solución definitiva, por parte de las administraciones públicas en el marco de sus competencias, a la situación que sufren cientos de familias «por el grave problema de las sentencias de derribo», evitando la pérdida de su patrimonio y cumpliendo los convenios entre los afectados y el Gobierno de Cantabria.