La banda juvenil que aterrorizó el Besaya

La pandilla tuvo su máximo apogeo entre enero y marzo del año pasado, cuando puso en jaque a los comerciantes ya que en una misma noche cometían varios robos con fuerza en establecimientos, provocaban daños y, en menor medida, robos con violencia. A cambio de esta frenética actividad delincuencial, el 'ojeador' les proveía de hachís o marihuana, y una vez que ya estaban captados para el mundo del hampa, pasaban a la cocaína.

En poco tiempo los pandilleros se convertían en drogodependientes lo que les llevaba a delinquir de forma continuada. A alguno de los jóvenes que se había fugado de un centro de protección, el 'tutor' le llegó a proporcionar un local para que durmiera. Todos los miembros del clan juvenil, excepto uno, cayeron en marzo y, con carácter cautelar, ingresaron en el centro de internamiento que el Gobierno de Cantabria tiene en Parayas, en tanto que el adulto implicado ingresó en prisión.

El desmantelamiento del grupo frenó la actividad delictiva y tranquilizó a la población de la comarca del Besaya. Sin embargo, hacia mediados del verano comenzaron a registrarse nuevas denuncias por hechos similares o incluso más graves, al tratarse de robos con fuerza en casas habitadas y en comercios en horario de apertura al público. Relata la Fiscalía que en esta ocasión el único menor no arrestado en marzo reorganizó la banda con otros jóvenes, todos ellos con problemas de dependencia a tóxicos, y otros delincuentes adultos tomaron el testigo del detenido. Entre noviembre y diciembre del año pasado el grupo fue desarticulado.

Este caso, que no había trascendido, generó 15 expedientes en la Fiscalía en 2017, un año en el que el Ministerio Público registró 1.188 diligencias preliminares relacionadas con menores, un 20% más que el año anterior, la cifra más elevada de los últimos cuatro años. Los delitos leves, tanto patrimoniales como contra las personas, se duplican, aunque la cifra más elevada está relacionada con los delitos contra las personas, principalmente con la violencia doméstica (sobre todo filoparental), que pasan de 41 en 2016 a 93 el año pasado, y en menor medida con la violencia de género, que pasó de 7 a 11 casos.

Jiménez Bados subraya que este incremento no se debe a «una causa única», ni tampoco se puede hablar de un único perfil familiar y social en el que se dan este tipo de conductas, aunque en «bastantes casos» se trata de familias en las que los servicios sociales intervienen desde años anteriores. «En la mayoría de los casos el problema de la violencia doméstica aparece unido al consumo de sustancias tóxicas y al fracaso escolar», subraya la Memoria Fiscal. En varios supuestos, se ha tenido que sacar al menor denunciado del domicilio familiar.

Los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores se mantienen en cifras similares, disminuyendo incluso las agresiones sexuales de 12 a 8. Lo más «preocupante» para la Fiscalía son los factores de «alarma social», como la escasa edad de los autores, ya que la mayoría de ellos tienen entre 14 y 15 años, y que «en ocasiones» las víctimas tienen muy corta edad y pertenecen al entorno familiar o social del agresor. En relación con estos expedientes, el informe fiscal recoge la condena en abril de 2017 a un menor por un delito continuado de agresión sexual y abuso a tres años de internamiento cerrado; y el caso de otro menor que se enfrenta a seis años de internamiento por seis delitos de abuso sexual.

El acoso escolar o 'bullying', tanto físico como verbal, con actuaciones a través de teléfonos móviles, ordenadores y redes sociales, es también motivo de inquietud para Fiscalía, porque «mantiene la tendencia» iniciada en 2015 de aumento de este tipo de delitos entre menores. Así, frente a 28 denuncias en 2016, la cifra pasa a 32 en 2017. Entre enero y mitad de junio de 2017, la Consejería de Educación activó el protocolo de acoso escolar en 46 casos, un 75% más que en el mismo periodo del año anterior, aunque solo se confirmó en 9. Entre septiembre y diciembre del mismo año, se activó en 11 situaciones y únicamente se consideró probado un caso.

En contrapartida, el año pasado no se presentó ninguna denuncia en Fiscalía por absentismo escolar.