Cantabria autorizó 1.425 casas en suelo rústico en la década que lleva en vigor la norma actual

Ante la dificultad para concretar cómo quedará el texto definitivo, lo que es seguro es que la normativa en vigor, que impulsó el Gobierno de Ignacio Diego en 2012 con el apoyo de los de Miguel Ángel Revilla, ha permitido en la última década levantar 1.425 casas en terrenos no urbanizables de toda Cantabria. Particulares que solicitaron al permiso y que tuvieron el visto bueno de sus ayuntamientos y de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el órgano que analizó cada expediente y que tuvo la última palabra. El 15% de esas licencias son en ayuntamientos de más 5.000 habitantes. Siempre viviendas unifamiliares, no bloques o urbanizaciones, como remarcó ayer la líder de la oposición, María José Sáenz de Buruaga, tras la reunión con el presidente regional. El PP quiere «mantener la actual regulación facilitadora, ordenada, sostenible y racional» y Buruaga subrayó ayer que Revilla cuenta con sus votos para ello. Juntos sumarían mayoría suficiente en el Parlamento autonómico para aprobar una Ley del Suelo que mantuviera el actual estatus sin tener «la necesidad de someterse a las imposiciones de su socio».

En contra de la literalidad del proyecto inicial del consejero José Luis Gochicoa y de las enmiendas conjuntas del bipartito, el PP no solo quiere que se siga permitiendo la construcción en suelo rústico sin un límite temporal, también que no se endurezcan las condiciones para hacerlo. La norma que impulsa el bipartito contempla algunos supuestos para dar permisos para este tipo de edificaciones siempre que se encuentren «a un máximo de cien metros del suelo urbano residencial o núcleo rural». Es decir, que no esté a más de 100 metros del límite del pueblo. La norma de 2012, la actual, era más permisiva porque fijaba ese límite en 200 metros. Además, ahora -en teoría si no hay nuevas modificaciones- se reducirá la superficie a ocupar en cada finca y el número de viviendas nuevas que se pueden levantar en cada localidad.

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Si el PP se opone al borrador de la ley por restrictiva, hay colectivos ecologistas que lo hacen por lo contrario. ARCA, por ejemplo, entiende que debería prohibirse toda edificación en cualquier suelo rústico, una postura similar a la de Izquierda Unida y Podemos. Ayer también se pronunció el partido Equo Verdes, que considera que el Gobierno quiere poner el cartel de 'se vende' a todo el suelo rústico de la región. «Es prioritario aprobar previamente el PROT como instrumento integral de ordenación del suelo, marco de referencia territorial para los demás planes y el conjunto de la acción pública». El partido Cantabristas cree por su parte que la ley llenará de «chalets y segundas residencias todo el territorio» y su portavoz, Paulu Lobete, asegura que se trata de la «desregulación definitiva del territorio al servicio de los intereses especulativos de las constructoras».

En la reunión entre Revilla y Buruaga también participó el consejero de Obras Públicas y Urbanismo, José Luis Gochicoa, que a pesar de ser preguntado por la doble interpretación -doble y contradictoria- que hacen los dos socios del Gobierno sobre el alcance de sus enmiendas, se negó a aclarar el alcance de esos cambios. Cabe recordar que en el primer borrador que diseñó su departamento ni siquiera se recogía esa moratoria de dos años para construir vivienda unifamiliar en suelo rústico en municipios de más de 5.000 habitantes -sí se daban más facilidades en los de menor tamaño- y mucho menos se contemplaba una prórroga una vez transcurrido ese tiempo.