Condenan al Gobierno a recomprar la sede de Soningeo en el Pctcan por 5 millones

El Gobierno de Cantabria ha sido condenado a recomprar la sede y el terreno adquirido por la empresa Soningeo (una firma de ingeniería técnica en el ámbito de la eficiencia energética) en el Parque Científico y Tecnológico (Pctcan) por algo más de cinco millones de euros, la cantidad que reclamaba en virtud de la polémica cláusula de recompra de las sedes del Parque. El Ejecutivo regional valoraba la operación de recompra del edificio en un coste final de 1,9 millones de euros. Sin embargo, tras varios meses de litigio entre la empresa y el Gobierno de Cantabria, la magistrada María del Carmen Moreno, titular del Juzgado de Primera Instancia número ocho de Santander, ha dado la razón a la empresa de ingeniería y obliga al Ejecutivo a abonar el coste total de las obras -4,4 millones de la adquisición de los terrenos y la edificación, 306.984 euros por el valor de depreciación y 322.000 euros de la cámara húmeda, una de las instalaciones realizadas por la firma de ingeniería-.

Los responsables del Pctcan consideraban «excesivo» el dinero reclamado por Soningeo y trataron de rebajar las expectativas de la empresa en 3,2 millones de euros. La «extraordinaria» diferencia en la valoración se sustenta en que la Administración regional aseguraba que «no coincide el dinero presupuestado con el certificado final de obra»; que no se habían tenido en cuenta las subvenciones o ayudas públicas que Soningeo había recibido del Ejecutivo y que, a su juicio, debían deducirse del precio; y, finalmente, que se habían incluido elementos del mobiliario que deben ser retirados. En definitiva, rechazaba numerosas facturas por entender que son «excesivas o indebidas» y descontaba además la cantidad de 149.068 euros en que valora las reparaciones necesarias para dejar el edificio en perfecto estado.

Sin embargo, la magistrada considera que esos gastos están «sobradamente acreditados» por el tipo de trabajos que se realizaron para construir un «edificio singular» respecto al nivel de calidades y la eficiencia energética, lo que suponía un «mayor coste que una construcción normal» al contar con tecnología puntera en la época. Asimismo ha dado por probados los sobrecostes entre el presupuesto y la liquidación final en base a las declaraciones de los testigos -las personas que intervinieron directamente en la ejecución de la obra-, unos controlando el asunto económico y otros, la parte técnica. Además, todos los testigos recalcan que los elevados gastos de material y construcción de los que se queja el bipartito están justificados «al no ser una construcción convencional; no se trata de una nave al uso, sino que es eficiente energéticamente clase A, lo que quiere decir que el consumo energético es menor que en otros edificios, y de ahí viene su construcción compleja».

Un asunto que que quedó acreditado, a ojos de la magistrada, por el encargado de la obra, quien durante el juicio llegó a reconocer que los responsables del Parque Científico «exigían unos plazos a la empresa porque había un préstamo de por medio y debido a ello le obligó a facturar obras cuando no estaban hechas». Así, refirió ante la jueza que en el año 2008 «se anticipaban certificaciones por la necesidad de que se facturase ese dinero». También declaró que «querían que se construyeran edificios singulares para lo que «no se establecía ningún tipo de límite ni de control a los gastos» a pesar de firmar con las compañías la cláusula de recompra.

A pesar del varapalo judicial, que supondrá una merma en las maltrechas arcas de la Administración, el Gobierno ha decidido recurrir. Sin embargo, los actuales responsables del Pctcan, adscritos a la Consejería de Industria, están dispuestos a buscar de momento una «solución» mientras el proceso judicial sigue su curso. Se ofrecen a pagar inmediatamente a la empresa 1,9 millones, la cantidad que fijaron sus peritos, hasta que haya una sentencia firme.

La sociedad gestora del Pctcan, aprobado como Proyecto Singular de Interés Regional por el Consejo del Gobierno de Cantabria en 2004 (bajo la dirección de socialistas y regionalistas) asumió en los contratos de derechos de constitución de superficie con opción de compra firmados hasta el 31 de diciembre de 2017, recomprar las fincas adquiridas por las empresas y las construcciones edificadas en ellas por un precio que tendría en cuenta el coste neto de inversión en la parcela, actualizado al IPC. Este acuerdo incluía sólo una condición: que las empresas ejercitaran su derecho a recompra antes de que transcurrieran los primeros diez años tras la constitución del derecho de explotación.

Soningeo, al igual que otras ochos empresas -Ambar, Acorde, Apia XXI, Semicrol, Quiter, CIC, Cesoin y TTI Norte-, rubricaron el documento antes de esa fecha, aunque su actividad en el parque no empezó hasta el año 2009. Y antes de vencer el plazo, el pasado 21 de junio, la compañía presidida por Enrique Conde requirió por escrito «la readquisición de la finca, así como del edificio levantado».

La reclamación de Soningeo no ha sido el primer caso. Apia XXI ya amagó en 2011 con hacer lo propio y pidió al Gobierno 21 millones de euros, pero finalmente llegaron a un acuerdo de arrendamiento a largo plazo para ubicar en sus instalaciones las sedes de las Consejerías de Industria y Medio Rural a cambio de una renta anual de 831.720 euros, con opción a compra. Entonces se tasó la edificación en 15 millones de euros, un precio que se abarata progresivamente cada año. Hacerse con el inmueble ahora valdría 13,7 millones, pero si el Gobierno estirara al máximo el contrato de alquiler, hasta el año 2028, sólo tendría que abonar 6,7 millones, como consta en uno de los anexos del contrato de arrendamiento firmado entre Sodercán y el representante de la empresa.

Para evitar que este caso se reprodujese, el Ejecutivo de Ignacio Diego consiguió en 2013 que renunciase a este derecho junto con Acorde y Ambar-Cisga. A día de hoy ya sólo queda una empresa susceptible de solicitar esa obligación, aunque en el Gobierno se descarta. De haber sido ejercida por las nueve empresas habría supuesto para el Gobierno de Cantabria el desembolso de cerca de 50 millones de euros, según la auditoría que hizo Deloitte en su día. Dada la situación económica, las posibilidades del Pctcan de vender de nuevo los edificios que pasarían a ser de su propiedad, eran realmente escasas.