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Una de las reuniones del consejo en 2012, antes de su disolución Andrés Fernández
El Consejo Económico y Social no será una realidad hasta julio de 2019

El Consejo Económico y Social no será una realidad hasta julio de 2019

Aceptadas sendas propuestas de Ciudadanos y Podemos para dar cabida a los sindicatos y potenciar la presencia de mujeres

EFE

Santander

Miércoles, 14 de noviembre 2018, 17:26

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La Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy una enmienda del PP al proyecto de ley que recupera el Consejo Económico y Social, para establecer el 1 de julio de 2019 como fecha de constitución de este órgano.

La popular Isabel Urrutia ha alegado la falta de tiempo para la puesta en marcha del Consejo Económico y Social antes de las próximas elecciones autonómicas de mayo, de las que saldrán un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno, que son los encargados de elegir y nombrar a sus miembros.

«Es inviable su puesta en marcha antes de las elecciones», ha aseverado Urrutia, ante la comisión que ha debatido hoy la ponencia de esta ley y ha votado las enmiendas de los grupos, en el último trámite antes de su traslado al pleno del Parlamento de Cantabria, para su debate y votación este próximo lunes, 19 de noviembre.

A esta sesión plenaria, el proyecto de ley del Consejo Económico y Social de Cantabria llegará con enmiendas vivas de PP, Podemos y Ciudadanos, que se tendrán que volver a debatir y votar.

Hoy en la Comisión de Presidencia y Justicia también se ha aprobado una enmienda de Ciudadanos para que en este órgano estén presentes los sindicatos que cuenten con una representación mínima del 5 por ciento en Cantabria, aunque no tengan presencia en el Consejo Económico y Social a nivel nacional.

Además, se ha aceptado una propuesta conjunta de Podemos y Ciudadanos para impulsar la presencia de la mujer en el Consejo Económico y Social de Cantabria, que establece que aquellas entidades, organismos y asociaciones con más de un representante, cuenten con mujeres en su representación.

Durante el debate de la ponencia de este proyecto de ley y de las enmiendas, los grupos han destacado la importancia de recuperar este órgano de participación, desaparecido en la pasada legislatura, y han señalado la necesidad «corregir errores del pasado».

Así lo ha manifestado la regionalista Rosa Díez, quien ha pedido que este órgano no inicie su andadura «con el lastre de los que se hizo mal en el pasado» y ha reivindicado su papel de participación de los agentes económicos y sociales de la región.

El socialista Guillermo del Corral ha subrayado el papel «imprescindible» del Consejo Económico y Social, que ha considerado que «no debería de haber desaparecido», mientras que la popular Isabel Urrutia ha defendido que el Gobierno de PP tomó esa decisión «exclusivamente por motivos económicos».

Sin embargo, ha destacado que el Gobierno de Cantabria «ha rectificado» con un proyecto de ley que «no abre la puerta al despilfarro» que, según ha recordado, hubo en los últimos años de su anterior etapa, lo que también ha destacado el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, al valorar la puesta en marcha de una normativa «sin caer en los excesos del pasado».

Se reducen a la mitad las firmas necesarias para una iniciativa legislativa popular

La Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy una enmienda de Podemos para reducir a 4.000 las firmas necesarias para que una iniciativa legislativa popular pueda ser debatida.

De esta forma, la nueva Ley de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria reducirá en más de la mitad el número de firmas necesario que marca la normativa anterior que regula esta materia, que data de 1985, a la que va a sustituir.

El proyecto de ley ha superado hoy, con el debate de las enmiendas en comisión, el último trámite antes de su traslado al pleno del Parlamento de Cantabria, que la votará el próximo lunes, 19 de noviembre.

En esta sesión se volverán a votar las enmiendas del PP y Podemos rechazadas esta mañana en la comisión.

La normativa todavía en vigor establece la necesidad de reunir 10.000 firmas para que se pueda debatir una iniciativa legislativa popular, una cifra que en el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno se reducía a 5.000.

Sin embargo, hoy en la comisión se ha aprobado, entre otras enmiendas, una de Podemos que reduce ese número a 4.000 firmas para una ley, con la que todos los grupos parlamentarios han coincidido en que se fomentar la participación ciudadana en la política regional.

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