El decreto sobre los pisos turísticos no entrará en vigor hasta octubre
La consejera de Turismo insiste en que sería necesario «definir un marco normativo estatal» y no dejar el asunto en manos de las comunidades autónomas
El decreto que el Gobierno de Cantabria está elaborando para regular el uso de viviendas turísticas en la región no va a estar listo ... para el verano, como era el deseo de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, que ayer admitió que la norma no va a entrar en vigor hasta «finales de septiembre o principios de octubre».
Esa es la fecha que Fernández se llevó al Parlamento de Cantabria, donde compareció para responder a las preguntas formuladas por el diputado socialista Mario Iglesias, que quería saber «cuál es el estado de tramitación del decreto que regula los alojamientos turísticos»; «cuál es la relación de agentes del sector turístico u otros sectores con los que se está trabajando en la elaboración de ese decreto»; «cuál es la fecha prevista por el Gobierno regional para la aprobación del mismo»; y, por último, «cómo se va a dar respuesta a la problemática de los alojamientos turísticos en el verano de 2024 si para entonces no está aprobado el decreto que los regule».
Llegado su turno de respuesta, Fernández explicó que el decreto «se elevará a consulta pública esta semana» y que para su elaboración se ha consultado «con las asociaciones de vecinos, la Asociación de Turismo Rural, la Asociación de Alquiler Vacacional, la Asociación de Consumidores, la Asociación de Hostelería de Cantabria, la Federación de Municipios de Cantabria, los ayuntamientos más afectados y el Colegio de Administradores de Fincas», entre otros.
Además, indicó que el plazo que se ha marcado el Gobierno para la publicación de la norma en el Boletín Oficial de Cantabria va algo más allá de este verano -«finales de septiembre, primeros de octubre», concretó- porque «su tramitación no depende únicamente de esta Consejería», y que, hasta entonces, «habrá que regirse por el decreto vigente». Con todo, insistió en que «sería necesario definir un marco normativo estatal» y no dejar este asunto en las manos de las comunidades autónomas.
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