Los diputados que tendrían que elegir entre el escaño o el Ayuntamiento

Los diputados que tendrían que elegir entre el escaño o el Ayuntamiento

PRC y PP cuentan en sus filas parlamentarias con políticos que desempeñan cargos en la Administración local y también en la Cámara cántabra

Pilar González Ruiz
PILAR GONZÁLEZ RUIZSantander

En materia económica existe el llamado coste de oportunidad, que resumiendo, se podría explicar como la pérdida derivada de una elección. Esto es; al elegir una opción, inevitablemente perdemos los beneficios de su alternativa. Algo así hubieran tenido que decidir los diputados cántabros si hoy hubiera salido adelante la propuesta de Ley presentada por Ciudadanos. O alcalde o diputado. Ambas cosas, no. Una medida que afectaría hoy por hoy a nueve diputados: seis regionalistas y tres populares.

El PSOE no contabiliza ningún caso puesto que por normativa del partido, desde el XXXV Congreso federal celebrado en julio de 2000, está prohibido compatibilizar ambos cargos. En Podemos no se ha dado la situación de que coincidan personas con funciones municipales y parlamentarias y Ciudadanos, precursores de esta medida, ni los tiene ni los tendrá.

Entre los diputados regionalistas son alcaldes Rosa Díaz (Polanco), Fernando Fernández (Valderredible), María Teresa Noceda (Comillas), Francisco Ortiz (Astillero) y Ángel Sainz (Villacarriedo), además de la concejala Ana Obregón en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

María Teresa Noceda fue elegida alcaldesa en el año 2003, un cargo que continúa desempeñando en la actualidad. Cuatro años después se incorporó al Parlamento como diputada y miembro del Comité Ejecutivo del PRC. Actualmente es miembros de las comisiones de Educación, Medio Rural, Pesca y Alimentación, de la que es vicepresidenta desde julio de 2015.

Poco después que Noceda, Fernando Fernández fue elegido alcalde de Valderredible (2005). En 2007 se incorporó al Parlamento y forma parte de las comisiones de Medio Rural, Pesca y Alimentación, y Obras Públicas y Vivienda, de la que es presidente. Es miembro del Comité Ejecutivo del PRC y presidente de la Comisión de Educación del partido.

En las mismas fechas que Fernández se incorporó al Parlamento Ángel Saiz, quien desde 1999 es alcalde de Villacarriedo y presidente del Grupo de Acción Local Pisueña, Pas, Miera. De 2003 a 2011 fue presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Forma parte de las comisiones de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Obras Públicas y Vivienda, y Economía, Hacienda y Empleo.

Uno de los más recientes en sumarse al cargo público es Francisco Ortiz, concejal del Ayuntamiento de El Astillero desde junio de 2011. Compagina esa labor con su presencia en la Comisión de Obras Públicas desde noviembre de 2017. Antes se había incorporado a la Comisión de Sanidad (noviembre de 2015) y a la Comisión especial para la investigación del caso Ecomasa- Nestor Martin (julio de 2016).

Rosa Díaz es concejal del Ayuntamiento de Polanco desde 2007, siendo portavoz del Grupo Municipal regionalista en la legislatura 2011-2015. Actualmente es alcaldesa de Polanco y diputada. Es miembro de las comisiones de Reglamento del Parlamento, Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, y Presidencia y Justicia.

Excepto Fernández, que cobra sólo por asistencia, todos ellos perciben 46.469 euros, esto es, han elegido sus sueldos de diputados, correspondientes a la opción de dedicación exclusiva.

Una caso distinto es el de la también regionalista Ana Obregón, concejal del Ayuntamiento de Santa María de Cayón desde 2007, Secretaria General del PRC en Santa María de Cayón desde 2005 e integrante del Comité Ejecutivo del PRC desde 2010. Diputada del PRC desde 2015 es integrante de las comisiones de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, y Sanidad, de la que es vicepresidenta. En su caso, mantiene su trabajo y recibe el importe correspondiente a las dietas parlamentarias; 12.874 euros.

Tres casos y una dimisión en el PP

El otro partido que tiene representantes municipales en el grupo en estos momentos es el PP, con José Manuel Igual que es alcalde de Arnuero; Mercedes Toribio, concejala en Los Corrales de Buelna; María Antonia Cortabitarte, en Medio Cudeyo, y hasta hace unos días con Ildefonso Calderón, concejal en Torrelavega, pero que ha registrado esta pasada semana su renuncia al cargo de diputado y cuyo escaño ocupará Miguel Ángel Lavín.

Igual, que cobra 46.469 euros como diputado, fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Arnuero en 1991. Elegido alcalde del municipio en 1998, renovó el cargo obteniendo mayoría absoluta en las elecciones celebradas en los años sucesivos. Es alcalde pedáneo de Isla desde 1999 y diputado regional desde 2003, ejerciendo como portavoz del grupo parlamentario Popular en el área de Urbanismo. Es también secretario de la Comisión de Obras Públicas y Vivienda y vocal en las comisiones de Vivienda y Urbanismo y Medio Rural, Pesca y Alimentación.

Toribio, que también percibe sueldo íntegro de diputada, es la número uno del Partido Popular en Los Corrales de Buelna, donde fue elegida alcaldesa tras las elecciones municipales celebradas en junio de 1999 y tras los comicios municipales celebrados en mayo de 2007 y en mayo de 2011. Encabezó también la candidatura más votada en las elecciones municipales de mayo de 2015, aunque perdió la Alcaldía.

Cortabitarte, abogada de profesión, ha vuelto al Parlamento tras la marcha de Ruth Beitia. La dirigente popular ya fue diputada en las legislaturas entre 1999 y 2011. En ese año se convirtió en alcaldesa de su municipio, Medio Cudeyo, donde ahora es concejal de la oposición y donde ha ejercido de portavoz del grupo popular y presidenta de la Junta Local del PP.

A Ildefonso Calderón ya no le afectaría esta medida tras su reciente dimisión y salida de la política. Desde las elecciones de 2007 ejerció como diputado regional y concejal del Ayuntamiento de Torrelavega, donde fue alcalde entre 2011 y 2015. Hasta su marcha formó parte de las comisiones de Presidencia y Justicia y de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Su sueldo correspondía a la dedicación parcial ya que seguía manteniendo su consulta privada.