El Gobierno cataloga como estratégico el gran centro de datos y reduce a la mitad la tramitación

Esta declaración no es simplemente un título honorífico. Tiene consecuencias prácticas muy relevantes en dos sentidos: la reducción de los tiempos de tramitación, con un «impulso preferente» por parte del Gobierno regional, y un acceso más rápido a la financiación.

De esta manera, en todos los procedimientos enfocados a la obtención de autorizaciones administrativas obligatorias, los plazos «quedarán reducidos a la mitad». Incluida la tramitación del Plan Singular de Interés Regional (PSIR), la figura urbanística a través de la que se desarrollarán los 637.000 de metros cuadrados que ocupará el centro. Con este acelerón, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga considera realista la previsión de que las obras de la primera fase empiecen en enero de 2026, una vez que concluya la tramitación del PSIR, que ya está redactado y que la comunidad autónoma espera aprobar en diciembre. La última de las tres fases estaría lista en 2032.

En relación a los plazos, que una iniciativa privada tenga la consideración de Proyecto Estratégico también garantiza que pueda ocupar los bienes y derechos afectados a través de expropiaciones por un procedimiento de urgencia. En este caso, no será necesario, ya que los terrenos -al menos la mayoría- han sido comprados. Esa compraventa se formalizó hace solo una semana con la firma por parte de la empresa pública estatal Sepides y la autonómica Sican -ambas eran propietarias de la sociedad Vipar, constituida en 2006 para levantar un parque empresarial que nunca llegó- del contrato por el que estas parcelas pasaron a ser propiedad del grupo Stoneshield por 9,5 millones de euros.

Y luego están todas las ventajas económicas. Por una parte, el centro de datos tendrá una línea directa a las ayudas dirigidas a incentivar la inversión industrial que desarrolle la Consejería de Industria. Es decir, que se hará una discriminación positiva a la hora de resolver las convocatorias. Pero es que, además, también puede recibir ayudas independientes -donde no haya una concurrencia competitiva- y complementarias a las de otras administraciones estatales o europeas siempre que no sobrepasen los límites que marca la UE.

La última pata de apoyo en este ámbito no son ayudas directas, sino en forma de avales y adelantos de dinero, ya que tendrá «preferencia para acceder a las líneas de financiación». En cualquier caso, durante la presentación del Proyecto Altamira el pasado mes de febrero, Buruaga y los promotores, Javier Ibáñez y Javier Gonzalo, aseguraron que la inversión sería «100% privada».

«Este proyecto cumple con los requisitos que establece la ley, tanto en lo que se refiere al volumen de inversión como a la creación de puestos de trabajo, en un sector estratégico para la economía de Cantabria y por ser de gran interés por su incidencia territorial, económica y social», remarca el consejero de Industria, Eduardo Arasti. ¿Cuáles son esos requisitos? Un volumen de inversión mínima de 50 millones de euros, la creación de empleo mínimo de 100 puestos de trabajo directo bajo la modalidad de contrato indefinido y computado a tiempo completo y que complementen cadenas de valor o pertenezcan a sectores estratégicos de ámbito regional o de la Unión Europea.

Como establece la Ley de Simplificación, antes de que un Proyecto Empresarial Estratégico adquiera esta condición tiene que ser presentado en el Parlamento autonómico. Solo a título informativo, porque no se someterá a la votación de los grupos. El primero de Cantabria llega antes de que el Ejecutivo regional desarrolle la Unidad Aceleradora de Proyectos, una oficina que dependerá -si se crea- de la Presidencia del Gobierno «para el impulso y seguimiento de este tipo de proyectos empresariales», como se recoge en esta misma norma.