El Gobierno decidirá sobre el 'caso MARE' cuando se pronuncie el Tribunal de Cuentas

Hizo esa pregunta el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez. Y la respondió el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, no sin antes matizar que el Gobierno regional «ni aprueba ni rechaza la creación de ninguna comisión de investigación» porque no tiene potestad para ello. «Es el Parlamento de Cantabria el que la tiene», aclaró el presidente, que, en este sentido, recordó que esta misma petición (la creación de una comisión de investigación del 'caso MARE') «ya fue sometida al Parlamento y se rechazó con los votos en contra de PRC, PSOE y PP».

Hecha esa puntualización, Revilla aseguró que su Ejecutivo «está interesadísimo en arrojar la máxima transparencia sobre este asunto».

Así, el presidente volvió a explicar que en el mismo momento en que se conoció la auditoria realizada a la empresa pública, investigación en la que se detectaron pagos indebidos a los trabajadores por un valor de al menos 1,3 millones de euros realizados desde el año 2008, «el Gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos para subsanar las deficiencias registradas en esa auditoría». Esos mecanismos, añadió, pasan fundamentalmente por el traslado de la investigación al Tribunal de Cuentas, que todavía no ha emitido su informe definitivo.

«Hombre, yo solo pido que seamos un poco respetuosos con esos señores, que, me imagino, están haciendo un informe exhaustivo, y esperemos a que nos lo remitan. Entonces sí, será el momento de tomar las decisiones pertinentes», dijo el presidente cántabro, que este lunes compareció en el Parlamento para responder a esta y a otras dos cuestiones más.

Una formulada por el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, que quería saber si Revilla está de acuerdo con todas las actuaciones que su Gobierno está llevando a cabo para evitar los desbordamientos de los ríos que hay en Cantabria. «Al cien por cien», contestó categórico y hasta molesto el presidente. «¿Pero cómo no voy a estar de acuerdo con la persona que más sabe de esto en Cantabria?», afirmó Revilla señalando al consejero Gochicoa.

Y otra por la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, que en su idea de que el Gobierno «persiste en el error» con la llegada de cada ola» y de que cuando el coronavirus aprieta «ustedes solo aprietan el botón de las restricciones», quería saber cuáles son los criterios del Ejecutivo para manejar la situación ante la sexta ola.

Revilla, que pidió a Buruaga que no se pusiera «histérica» («es que gesticula mucho», dijo), trató de desdibujar «el panorama dantesco que nos dibujan» con tres aportes estadísticos: «Somos la cuarta comunidad española que más ha vacunado; la quinta que mas pruebas PCR y rastreos hace, y donde menos muertos ha habido».

En la sesión plenaria de este lunes se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Cantabria del Plan Estadístico del periodo 2021/2024, que prevé un total de 175 operaciones e incluye como novedad la variable «sexo» en las estadísticas que se efectúen para contar con la perspectiva de género y visibilizar la brecha de género. El proyecto, recogido en un documento de 200 páginas, incorpora, además, la captación de información estadística no solo mediante la recogida de datos de manera tradicional sino a través de la investigación en la utilización de bases de datos masivos (Big data) procedentes de fuentes públicas o privadas, redes sociales o internet.

El Pleno del Parlamento aprobó este lunes una proposición no de ley presentada por el PP para manifestar el apoyo de la Cámara a la labor que efectúan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e instar al Gobierno de Cantabria a dirigirse a las Cortes Generales con el fin de solicitar la retirada y no tramitación de cualquier iniciativa de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana en los términos anunciados por el Gobierno de Sánchez. La iniciativa salió adelante con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias a excepción del PSOE.

El Pleno del Parlamento rechazó este lunes, con los votos en contra de PRC, PSOE y VOX, una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para instar al Gobierno regional que destine los recursos económicos suficientes para subvencionar el 50% de los test se antígenos «para que los ciudadanos cántabros puedan hacerse esta prueba antes de acudir a eventos tan típicos en las fechas navideñas». Regionalistas y socialistas justificaron su negativa a esta propuesta «porque los test de antígenos no son del todo fiables» y además «provocan una falsa sensación de seguridad».

Los partidos que sustentan al Ejecutivo, PRC y PSOE, tumbaron votando en contra una moción presentada al Pleno por el PP pidiendo al Gobierno bipartito que suspenda de forma inmediata la tramitación del concurso de selección de una empresa que gestione la atención al público de los ocho puntos de la Red de Centros de Interpretación del Patrimonio Natural de Cantabria a través de un contrato por 4,9 millones de euros para prestar este servicio durante 60 meses.