El Ministerio abona ahora a Cantabria las ayudas por las inundaciones de 2019 y 2020

En total, más de 753.000 euros dirigidos a la reparación y mejora de las infraestructuras y edificios que sufrieron en mayor medida el embate del agua. La queja de muchos de los consistorios es que llega demasiado tarde. Por eso, la Consejería de Presidencia e Interior, dirigida por Paula Fernández, ha denunciado «el retraso en la tramitación de las ayudas», lo que, a su juicio «impide alcanzar la normalidad en las infraestructuras y servicios municipales y castiga de forma importante la economía en las zonas rurales».

De ahí que desde esta Consejería se haya solicitado al Gobierno central «una mayor agilidad y simplificación administrativa a la hora de tramitar este tipo de ayudas estatales ante grandes siniestros o catástrofes». Porque «al retraso de los decretos ley se añade el hecho de que sean varios los ministerios competentes y sea necesario dirigirse a varios departamentos para la tramitación de estas ayudas».

Las órdenes de pago de las subvenciones para catástrofes naturales se dividen en este caso en dos partidas. Una primera, que se corresponde con proyectos por valor de 622.870 euros, para reparar los daños de enero de 2019. Se benefician en este caso los ayuntamientos de Comillas, Potes, Ramales de la Victoria, Reinosa, Peñarrubia, Campoo de Suso y Los Tojos. Y una segunda, de 130.584 euros, en el caso de las inundaciones de diciembre de 2020, que llegarán a las arcas de los consistorios de Soba, Vega de Liébana, Liérganes, Cabuérniga, Molledo, Reocín, Miengo, Arenas de Iguña, Campoo de Suso, Rionansa, Los Tojos, Los Corrales de Buelna y Ampuero.

Paula Fernández insiste en que es necesario que, para agilizar los trámites en casos futuros, se nombre un interlocutor único con Madrid «para todos los supuestos de intercambio de información y solicitud de medios involucrados en asociaciones de protección civil y emergencias, así como para las medidas incluidas en la fase de recuperación de una determinada emergencia».

Además, la Consejería de Presidencia e Interior ha procedido a solicitar al Gobierno central la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil -antigua declaración de zona catastrófica- por los daños causados por las inundaciones del pasado mes de noviembre en la región.