El permiso obligatorio de la comunidad pone contra las cuerdas a los nuevos pisos turísticos

Ruiz-Capillas explica que es un «cambio radical» y que se ha dado «la vuelta a la tortilla». «Sólo pueden ponerlo con ese permiso de la comunidad, en junta y con una mayoría de 3/5 de presentes y ausentes». Siguiendo un procedimiento. Lo primero, solicitar al secretario o administrador (lo ideal es que sea un profesional colegiado) que incluya en el orden del día de la junta que se discuta si se concede el permiso. Para seguir adelante, necesitará el visto bueno de la mayoría de propietarios que acudan a esa reunión. Si no lo obtiene, fin de la historia. Si lo obtiene, el administrador enviará a los ausentes el acuerdo con acuse de recibo. Tendrán treinta días para responder. Si no lo hacen, se ratificaría el visto bueno de la junta. Pero sus votos podrían desequilibrar la balanza. Porque el sí requiere de esa mayoría de 3/5.

El presidente de los administradores de fincas explica que entre cambios de normas y sentencias, en los últimos años «muchas comunidades habían cambiado sus estatutos». Que «todo ha sido a salto de mata y en poco tiempo». Pero que esto lo cambia todo de forma radical.

Entiende, de hecho, que en la Dirección General de Turismo deberán ahora incluir este permiso como requisito al registrar la solicitud para poder alquilar. Esa es una de las dudas que tiene Jaime Paino. «Habrá que ver qué papeles piden», dice el presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria. Sobre el cambio de norma, no le queda otra que «aceptar y ya está». Y da por hecho que es «una prohibición de facto».

Porque Paino, «con todo el movimiento que hay en torno a las VUT», es consciente de que pocas votaciones saldrán adelante. «Nosotros mismos, como vecinos, nos pegamos un tiro en el pie y nos limitamos nuestros derechos con respecto a la propiedad privada. ¿Si mañana queremos vender el piso o que lo hereden nuestros hijos no nos interesa tener más salidas?».

Paino insiste en recordar que no afecta ni a los que ya están ni a los que estaban en trámite tras solicitar el registro. «Pero las nuevas altas van a ser mínimas. Egoistamente, al que ya tiene licencia, le conviene. Elimina la competencia y subirá los precios». Pero –es evidente– no le parece una buena noticia.

De hecho, advierte de varias cuestiones. «Esto dirige a que nos encontremos con bloques enteros con grandes inversores. O a que esos grandes inversores compren dos o tres plantas para así obtener la mayoría en una votación». O sea, que, a su juicio, básicamente, va en contra del pequeño propietario. «Además, se va a disparar la transformación de locales que tienen salida directamente a la calle en alojamientos hoteleros (que no se rigen por la normativa de las VUT)». Y una cosa más: «Esta medida no elimina –recalca– los alojamientos ilegales. Al contrario, hace cada vez más difícil legalizarlo. O sea, que el que alquilaba de forma ilegal lo seguirá haciendo. Y el que quería hacerlo legalmente y no lo consiga, puede decidir adoptar otro camino».