La prostitución se instala en más de 200 pisos para esquivar los controles policiales

La última memoria fiscal dedica un capítulo completo a la trata de seres humanos y a la prostitución como «tapadera» de esa trata, un documento en el que pide castigar «cualquier modalidad de proxenetismo», lo que incluye a los clientes de prostitución, en sintonía con lo reclamado por la Fiscalía General del Estado este mismo mes. El informe arremete sin ambages contra los ayuntamientos por «mirar para otra parte» ante este fenómeno, «al conceder licencias a negocios para actividades de hostelería, como hoteles, discotecas o restaurantes, cuando lo que esconden son clubes de alterne y prostitución, a la vista de todos, sin que las autoridades municipales hagan nada, ni las licencias se revisen o revoquen nunca».

El problema no es nuevo. La fiscal especialista en Extranjería, María Ángeles Sánchez López-Tapia, subraya que desde 2016 se ha puesto sobre la mesa la «pasividad» de los ayuntamientos en las reuniones anuales de coordinación de extranjería sin resultado. Existe una guía de actuación a nivel municipal que plantea como vías de intervención de los ayuntamientos la detección de actividades de prostitución y explotación sexual en clubes y pisos; un mayor control de las licencias que se conceden; la vigilancia en el cumplimiento de horarios, ruidos... La fiscal reconoce que la problemática «desborda» a los municipios pequeños, por lo que la Delegación del Gobierno se ha ofrecido a servir de apoyo a la actividad municipal, con nulo resultado. Desde que en julio del año pasado se realizó el ofrecimiento ningún ayuntamiento ha solicitado esa colaboración. «Queda muchísimo por hacer a nivel municipal en esta materia y no es aceptable que las Juntas de Seguridad de los ayuntamientos miren para otra parte», lamenta la fiscal.

Frente a la indiferencia municipal, la Fiscalía elogia la actitud coordinada de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil) y la Inspección de Trabajo para conseguir sentencias condenatorias a los proxenetas como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Y es que la situación de «limbo legal» en que se encuentra la prostitución en España y países de nuestro entorno «se está convirtiendo en uno de los grandes obstáculos» en la lucha contra la trata, tanto a nivel policial como judicial. Sánchez López-Tapia carga contra aquellos que justifican la prostitución «enarbolando la tapadera de la libertad de la mujer para disponer de su cuerpo, generando debates manipuladores que ocultan la verdadera realidad que hay detrás de la inmensa mayoría de las mujeres y hombres que se prostituyen: abuso físico y emocional previo, precariedad económica y pobreza, déficits culturales y formativos, pérdida de identidad, carencia de posibilidades de inserción laboral, enfermedades, drogadicción, alcoholismo, marginalidad, exclusión social...».

Así las cosas, y ante las dificultades para «abordar abiertamente» la prohibición de la prostitución, el informe aboga por una reforma legal que «prohíba sin reservas cualquier forma de proxenetismo por tratarse de un atentado manifiesto contra la dignidad de la persona», haya o no consentimiento. «Beneficiarse económicamente con los servicios sexuales prestados por una mujer o un hombre es una modalidad de 'cosificación' del ser humano que deviene en un mero objeto de mercado sexual», explica. Las dificultades para lograr condenas penales en los casos en que existe consentimiento de la víctima son «desalentadoras» para los fiscales. Probar que ha habido una situación clara de «explotación» cuando la propia víctima lo niega aboca a las acusaciones a «un callejón sin salida», con sobreseimientos y sentencias absolutorias. En estos casos, la Policía y la Inspección de Trabajo siguen la vía de acusar a los dueños de estos locales de delitos contra los derechos de los trabajadores. En 2018 se incoaron en Cantabria cinco causas por estos delitos.

La cruz de esta alternativa es el traslado de las mujeres desde los clubes a pisos particulares, lo que dificulta la actuación policial y la demostración de la relación laboral con los proxenetas, alerta la Fiscalía. Se trata de una manera de esquivar controles policiales. En un prostíbulo, los agentes pueden entrar en cualquier momento al tratarse de un local abierto al público. Pero en un piso necesitan justificar sus indicios ante un juez para que les conceda una orden de entrada y registro. La memoria fiscal refiere que existen más de 200 pisos donde se ejerce la prostitución. Existen dos tipos, los que funcionan como un club, con una 'mami' que controla a las chicas, con horarios de hasta 24 horas; y los pisos alquilados por habitaciones. En estos casos las chicas se anuncian a sí mismas, pero asumen más riesgo y tienen menos seguridad.

Para combatir la prostitución en pisos, la Fiscalía propone distintas vías de actuación. Por un lado, plantea la instalación de cámaras en el entorno de las viviendas, así como la instalación de carteles que adviertan al cliente de su condición de «cómplice» de la explotación, buscando así un «efecto disuasorio», además de incrementar la presencia policial. Por otro, como la actividad afecta a los vecinos y crea alarma social y, en ocasiones, problemas de orden público y seguridad ciudadana, aconseja a las comunidades de propietarios que contacten con los servicios municipales, la Delegación de Gobierno o las Fuerzas de Seguridad, y que ejerzan presión sobre los arrendadores de los pisos.