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Concentración en contra del cierre del centro de menores, este juevess frente al Gobierno regional ROBERTO RUIZ
Sindicatos y Gobierno se reunirán el martes 16 de marzo por el cierre del centro de menores protegidos

Sindicatos y Gobierno se reunirán el martes 16 de marzo por el cierre del centro de menores protegidos

CC OO, UGT, CSIF y SIEP se manifiestan en Peña Herbosa | El Gobierno garantiza que el servicio de Atención a la Infancia seguirá siendo público

Pedro Fomperosa

Santander

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Jueves, 11 de marzo 2021, 11:49

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El Gobierno regional se reunirá con los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y SIEP el martes 16 de marzo a las 13.00 horas. ¿El motivo? El cierre unilateral del Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) de Santander, ubicado en la calle General Dávila. Los sindicatos se han manifestado esta mañana frente a la sede del Gobierno regional, en Peña Herbosa, con el único objetivo de sentarse a hablar con el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Zuloaga, quien les ha emplazado dentro de cinco días.

Los convocantes pretenden evitar el cierre del centro: «que se pare todo y negocien. No vamos a permitir que lo externalicen», ha resumido Javier Gonzalez, representante de Comisiones Obreras. No están de acuerdo con la decisión del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), que quiere apostar decididamente por el modelo de acogimiento familiar como principal opción asistencial. El CAIF es una residencia temporal donde residen como máximo 45 días chicos de entre 10 y 18 años procedentes de hogares desestructurados.

Para atender a los menores, en el lugar trabajan 65 personas entre integradores sociales, personal sociosanitario, cocineros, limpieza… Esta plantilla es seis veces mayor que la media de usuarios que acogió a lo largo del último año. «Ninguno de los sindicatos vamos a consentir que los menores sean trasladados a esos chalets de Cueto. Es una barbaridad», ha afirmado Javier Gonzalez. «No quieren gestionarlo, lo que quieren es privatizarlo porque les es más cómodo», ha añadido Inmaculada Peña, representante del SIEP.

A la concentración también han acudido algunos de los trabajadores del centro, como Natividad Díez, empleada allí desde hace 27 años. Ella defiende la «labor increíble» que el CAIF ofrece y pide que «no se cierre porque ese centro tiene capacidad e instalaciones para seguir atendiendo a los menores en situación de desamparo», ha defendido. Ella no cree en el modelo alternativo que está implementando el Gobierno regional: «Allí no tienen recursos para atender a los menores. Es imposible que igualen nuestros estándares de calidad», ha dicho.

El Gobierno asegura que seguirá siendo público

Tras la concentración, el Gobierno regional ha emitido una nota en la que garantizada que el servicio de Atención Inmediata a la Infancia y Familia seguirá siendo público y ha subrayado que el traslado a una nueva ubicación se produce exclusivamente para garantizar un cuidado a los menores conforme a «estándares de calidad del siglo XXI».

«Está totalmente garantizado, al cien por cien, que el servicio va a continuar siendo público, con personal público y en unas instalaciones públicas», ha indicado el Ejecutivo, que ha explicado que el servicio se trasladará a una nueva ubicación por dos motivos. En primer lugar, porque las actuales instalaciones «no son acordes» al modelo de atención consensuado desde hace años a nivel internacional, que sostiene que este servicio debe prestarse en un centro «lo más parecido a un entorno familiar».

En este sentido, ha apuntado que el edificio actual, nacido en los años 40 como orfanato, tiene tres plantas, baños compartidos y salones comunes.

En cuanto a la segunda razón del traslado, el Gobierno ha afirmado que el grado de ocupación «ha caído» en los últimos años, gracias al «éxito» de otros programas de Infancia, como el Acogimiento Familiar, en el que Cantabria es «referencia» a nivel nacional.

A su juicio, esta situación ha llevado, a su vez, a que el personal que presta el servicio esté «sobredimensionado» y ha añadido que la media de ocupación en el último año ha sido de 10 menores para una plantilla formada por 60 profesionales.

De esta forma, el compromiso del Ejecutivo es que el cambio de ubicación «no tenga impacto en el empleo» y ha asegurado que alrededor de una veintena de trabajadores seguirán prestando el servicio en las nuevas instalaciones, mientras negocia con los sindicatos la recolocación del resto de empleados en otros servicios y programas públicos.

«El servicio es necesario y va a continuar siendo público. En ningún momento se ha pensado en su privatización, se traslada de ubicación», ha recalcado, reiterando que la medida vela por el interés de los menores y por la eficiencia del gasto público; y supondrá recuperar dos viviendas para uso público que estaban cedidas a una entidad privada.

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