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Opositora al Cuerpo de Maestros en los procesos convocados en 2013 en Cantabria. Alberto Aja
STEC urge a las fuerzas políticas a «proteger» a los docentes interinos

STEC urge a las fuerzas políticas a «proteger» a los docentes interinos

Presenta a los grupos parlamentarios una propuesta para que los procesos de estabilización comiencen con un llamamiento presencial que evite la «discriminación» de la plantilla cántabra

M. M.

Miércoles, 14 de septiembre 2022, 07:52

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STEC presentó ayer varias medidas ligadas al arranque el curso escolar 2022-23. Por un lado, el sindicato pide a la Consejería de Educación y FP que atienda a la «infrafinanciación» de los centros educativos en un contexto de inflación y que «reajuste» las partidas para cubrir el pago de gastos ordinarios, como la electricidad o el gas. «Si los precios siguen subiendo durante el invierno, muchos centros -sobre todo, los institutos- no van a poder hacer frente a la situación», advirtió STEC.

Por otro lado, el sindicato hizo hincapié en las consecuencias de la Ley para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que en breve desembocará en complejos procesos de estabilización de cientos de docentes interinos. Este es uno de los «caballos de batalla» del año, según lo calificó STEC. El sindicato rechaza el sistema diseñado por el Ministerio porque es «discriminatorio» para los interinos cántabros, y propone medidas para mejorarlo y «proteger» al personal de la comunidad, entre ellas, la posibilidad de arrancar el proceso con un llamamiento presencial. A grandes rasgos, esto obligaría a los opositores a elegir en ese momento en qué autonomía se presentan, evitando cientos de inscripciones simultáneas.

Tal y como lo explica STEC, el llamamiento presencial evitaría que los interinos cántabros no compitan en situación de «desigualdad» con los de otras autonomías, así como un «colapso» administrativo a la hora de baremar los méritos de los potenciales opositores de otras comunidades -STEC los cuenta por «miles»- que se inscriban en Cantabria. En definitiva, un acto presencial ayudaría a estabilizar en Cantabria a los interinos que han desarrollado su carrera docente en la comunidad.

La Consejería de Educación ya reclamó esta medida hace meses al Ministerio. También el PRC llevó la medida al Senado y al Congreso, con idea de favorecer la consolidación de los interinos cántabros en su propia comunidad. Sin embargo, el Ministerio de Pilar Alegría no ha accedido a la medida ni tampoco obtuvo luz verde en la Conferencia Sectorial.

STEC insiste en ella y ya se la ha presentado a los Grupos del Parlamento en forma de borrador de una Proposición No de Ley (PNL) que inste al Gobierno a sacar adelante ese acto presencial. Y pide a las fuerzas políticas a que secunden la medida. «Este sindicato espera que el Parlamento de Cantabria sea sensible a esta problemática que afecta a miles de docentes, votando esta PNL», señaló ayer STEC.

CC OO reclama 1.243 docentes extra

Más allá de esta propuesta, STEC también reclamó más plantilla y más medios técnicos para afrontar el curso escolar, sobre todo, para evitar situaciones como los retrasos en las adjudicaciones de plazas o para mantener las sustituciones diarias de los tutores de Infantil y Primaria, tal y como se ha hecho en los cursos covid.

En esta misma línea, Comisiones Obreras presentó también ayer un informe sobre el inicio del curso 2022-23, donde fija una serie de necesidades para los centros públicos del país. En los cántabros, concretamente, reclama 1.243 docentes más con el objetivo de rebajar las ratios y la carga lectiva, cubrir los puestos de coordinador de bienestar que fija la Ley de Protección de la Infancia, así como atender al alumnado con dificultades específicas del aprendizaje o la formación en competencias digitales.

CC OO considera que los centros públicos españoles precisan 84.055 docentes extra –cuatro de media por centro–, lo que «implica una inversión adicional de, al menos, 4.275 millones de euros, un 0,3% del PIB». En Cantabria, 142 de los 1.243 maestros y profesores que se necesitan irían destinados a rebajar las ratios, otros 469 a disminuir la carga lectiva y 231 a ocupar el cargo de coordinador del bienestar.

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