Los taxistas recurren el archivo de la querella contra Felipe Piña

En su auto, el instructor concluía que «no concurren los elementos necesarios del delito» y apuntaba, además, que no se había agotado la vía administrativa. Frente a esto, los taxistas -que se querellaron contra Piña por negar la tarjeta de Transporte a un profesional de Cabezón de la Sal- responden que el hecho de que la resolución de la Dirección General de Transportes, emitida por Piña, no sea firme en la vía administrativa, «no obsta para la comisión del delito si se dan los elementos del tipo exigidos en el artículo 404 del Código Penal». A ese respecto, dicen, «el delito de prevaricación lo consuma quien dicta la relación arbitraria e injusta, en este caso el director general de Transportes, no quien resuelva el recurso de alzada o, en su caso, el juzgado. Tampoco deja de haber delito en el caso de que se revoque la resolución arbitraria e injusta».

Además, los taxistas afirman que el juez no ha analizado el resto de resoluciones de Transportes que sí han concedido autorizaciones todos estos años, aunque supuestamente también incumplirían el Real Decreto de 1979, ya que se trata de supuestos de jubilación: «Esa es la norma en la que ahora se escudan para no concederlas».