Celsa pugna contra reloj con los fondos para desbloquear el rescate de la SEPI

Según explican medios como La Vanguardia, Houlihan Lokey, representante del 85% de la deuda de Celsa que está en manos de los fondos, envió el domingo una carta a la compañía y a la SEPI para responder a la propuesta de capitalización a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. En la misiva quedó claro que los acreedores de la siderurgia no aceptan el planteamiento inicial de la dueña de Global Steel Wire, esto es, una quita de su deuda de 1.200 millones, perder sus garantías para la deuda remanente y empeorar las condiciones de sus créditos. Los fondos ya han apuntado en las últimas semanas que, a tenor de sus cálculos, la actual propietaria mantendría la totalidad del grupo aportando sólo 50 millones de euros vía ampliación de capital. Ellos incluso proponen participar ya en el capital social.

Los tiempos en este caso son importantes, puesto que se negocia contrarreloj. La operación debe quedar sellada antes de un mes, dado que el 30 de junio expira el periodo de excepción de la Comisión Europea para permitir determinadas ayudas de Estado contrarias a la competencia.

En este marco, fuentes cercanas a Celsa sostienen que «es un acuerdo bueno para todos porque sigue siendo rentable para los fondos», aunque las partes siguen en negociación.

Ahí, otra de las claves, puesto que Houlihan Lokey lamentó que los tenedores de la deuda no hubieran podido participar durante el largo proceso de conversaciones con la SEPI. Aunque en un principio las negociaciones continuarán durante estos días, los fondos igualmente ya han deslizado un órdago que les ha llegado desde el entorno de la corporación: la solicitud de concurso de acreedores en caso de no avenirse a las condiciones.

El pulso entre Celsa y los fondos se recrudeció a raíz de la pandemia, llegando incluso a sede judicial. De hecho, en abril el Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid sentenció a favor de la compañía en relación al litigio por el incumplimiento del calendario de pagos en 2020, en pleno confinamiento y que los fondos buitre entendían que les ponía en posición favorable para asaltar el control accionarial.

A través de la demanda interpuesta por BarnaSteel, sociedad cabecera de Celsa Group en España, la organización apeló a la existencia de un motivo de fuerza mayor para detener los plazos de la amortización y las obligaciones del contrato de deuda amortizable senior (Jumbo).

La sentencia reconoce la existencia de fuerza mayor debido al impacto del covid. La pandemia impidió a la compañía desarrollar con regularidad su actividad, por lo que vio mermados sus ingresos y en consecuencia su liquidez. Así, el juez estimaba que la incapacidad de Celsa para asumir las cuotas y resto de obligaciones era ajena a esta y causada por un hecho imprevisible.

El préstamo detonante del conflicto se suscribió en 2017 por 900 millones. La banca fue saliéndose y vendiendo su deuda a estos fondos, que hasta ahora estaban a la espera de ejecutar el contrato si Celsa no cumple.