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José Luis Calama Teixeira, el magistrado que ha abierto de oficio una causa en su juzgado de la Audiencia Nacional para investigar las causas que ... motivaron el apagón, dado que este lunes le tocaba estar de guardia, se ha convertido sin quererlo en uno de los magistrados especialistas en perseguir delitos tecnológicos de gran calado y repercusión mediática.
En los seis años y medio que lleva en el tribunal central, donde ingresó en diciembre de 2018, el veterano juez con más de 36 años de experiencia ha sido el encargado de dirigir varios casos de ciberespionaje como Pegasus. Un asunto relativo al hackeo de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de los ministros del Interior o de Defensa con un programa de origen israelí del mismo nombre. Una causa que reabrió hace pocos meses pese a la negativa del fabricante a colaborar con la investigación.
Pero Calama también ha instruido el llamado 'caso Alcasec', el ciberataque sufrido en octubre de 2022 en el Punto Neutro Judicial. Se trata de la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado, como Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria o Seguridad Social. Un ente que se gestiona desde el Consejo General del Poder Judicial y que supuso el acceso a datos de 575.186 contribuyentes, como sus cuentas bancarias.
Esta instrucción concluyó con el procesamiento de los presuntos autores, entre ellos el joven José Luis Huertas, para quien piden tres años de prisión por sendos delitos continuados de acceso ilegal a sistemas informáticos y de descubrimiento y revelación de secretos. Gracias a su colaboración con la Justicia se ha pedido el atenuante de confesión tardía y se le han podido decomisar 863.000 euros de las ganancias que obtuvo de la venta de datos robados.
El tercer caso de persecución de cibercrimen que lleva la firma de Calama fue el procesamiento en junio de 2023 de siete acusados presuntos miembros de una trama que a través de la plataforma Arbistar, de comercialización de criptomonedas, defraudó a 32.000 inversores por más de 92 millones de euros.
Finalmente, otro asunto con interés político fue la causa que salpica el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por recibir 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo -estafador confeso a través de su chiringuito financiero con unos 27.000 afectados- para financiar al partido Se Acabó La Fiesta (SALF) en plena campaña para las elecciones europeas de 2024, en la que esta formación obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños. Una causa que finalmente ha pasado al Tribunal Supremo por la condición de aforado del primero.
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