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La Fiscalía de Barcelona ha dado un giro de 180 grados a uno de los casos más significativos de cuantos afectan al independentismo. El Ministerio ... Público ha reclamado que se aplique la amnistía a una treintena de exaltos cargos del Govern y una decena de empresarios relacionados con el nacionalismo procesados por la organización del referéndum ilegal del 1-O de 2017 y la internacionalización del 'procés'. Son las causas que han instruido los juzgados 13 y 18 de Barcelona. Son las que afectan a los dirigentes del 'procés' de un segundo nivel en el escalafón jerárquico de la Generalitat.
La primera gran causa juzgó a los miembros del Ejecutivo catalán que no huyeron a Bruselas. Fueron juzgados doce exmiembros del Govern y nueve de ellos fueron condenados a penas de nueve a trece años por sedición. La segunda gran causa por el 1-O juzgó al exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a la anterior cúpula de la Policía catalana. Fueron absueltos.
En este tercer caso, están pendientes de juicio en la Audiencia de Barcelona exaltos cargos del Govern, todos ellos secretarios generales y directores generales de las consejerías implicadas en la organización del referéndum. También el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, que ya fue condenado por el Tribunal Supremo y más tarde indultado. Está investigado por una subvención a una entidad en el marco de la internacionalización del 'procés'. La treintena de exaltos cargos del Gobierno catalán estaban procesados por malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental y desobediencia. La Fiscalía pide la amnistía para 27 de los 29 procesados.
Según afirmó en su día la Fiscalía, cada uno de ellos, y desde su posición en la administración catalana, actuó «de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña». El Ministerio Público ha cambiado ahora de posición y en un escrito presentado ante la Audiencia de Barcelona asegura, para justificar la aplicación de la ley de amnistía, que «no se puede apreciar ánimo de enriquecimiento propio» en su proceder y que actuaron «subordinados a las directrices» de los líderes del 'procés'.
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