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En su preceptivo informe sobre la reforma del sistema de pensiones y el cumplimiento de la regla de gasto, fechado el pasado 31 de marzo, la AIReF señalaba que el gasto en pensiones en el período 2022-2050 se situará cuatro décimas por debajo del límite del 15% del PIB, atendiendo al envejecimiento de la población, por lo que podría darse por aprobado su primer examen, como enfatizó la ministra Elma Saiz. Pero, al tiempo, la Autoridad Fiscal estimaba que las cotizaciones no pasarán del 10,1% del PIB, de modo que el sostenimiento del sistema requerirá el aumento de la aportación financiera de los fondos de la Seguridad Social, y una mayor transferencia de los Presupuestos Generales. Lo que, a su vez, afectará negativamente al gasto demandado por el resto de las políticas públicas, teniendo en cuenta, además, que el envejecimiento continuará incrementando la demanda en sanidad y cuidados.

La AIReF terminaba su informe recomendando al Gobierno que integre y alinee la regla de gasto de pensiones «con los objetivos y plazos del marco fiscal tanto europeo como nacional». Entre otras razones porque el cumplimiento puntual de la regla de gasto no asegura la sostenibilidad del sistema. Problema que podría generalizarse si, a falta de medidas adicionales y según estimaciones de la Autoridad Fiscal, el déficit público se eleva hasta el 7% en 2050, y la deuda hasta el 129%.