La vivienda, de problema a oportunidad

Cantabria no escapa a este estado general en España. La Comunidad tiene la segunda tasa de emancipación más baja del país, el 14% según el último informe del Consejo de la Juventud. El precio del metro cuadrado se ha incrementado el 11% el último año, con Santander, Laredo y Castro entre los municipios más caros de España para adquirir una vivienda. El coste del alquiler ha subido el 15% en los últimos cinco años. Y un cántabro debe destinar el 30% de sus ingresos para comprar un piso, según los datos facilitados por los estudios que realizan los diferentes portales inmobiliarios.

Para tratar de corregir esta complicada situación, las Administraciones se han puesto manos a la obra con diferentes alternativas. El Gobierno de España presidido por el socialista Pedro Sánchez aprobó hace dos años la Ley de Vivienda, que trajo como gran novedad la creación de zonas tensionadas en las que las Administraciones pueden entrar a poner límites a los precios del alquiler. Una medida con resultados discutibles y que, según otras organizaciones de distinto signo político, ha provocado una drástica reducción del mercado destinado al alquiler. En este sector crítico figura el Ejecutivo de Cantabria que, bajo la dirección de la popular María José Sáenz de Buruaga, ha apostado por favorecer la construcción de vivienda bajo la fórmula de la colaboración público-privada y ha descartado la aplicación de la ley nacional. La Consejería de Fomento tiene ya en marcha el proyecto para construir 212 viviendas en régimen de alquiler asequible en seis municipios de la región, que pasarán después a formar parte del actual parque público de la región.

La situación general de la vivienda ha provocado también que la iniciativa privada, tras años de parón, haya recuperado su interés por invertir, sacando del cajón viejos proyectos e impulsando otros nuevos en aquellos municipios con gran capacidad de atracción de los potenciales compradores.

Santander es un claro ejemplo de la nueva realidad. Tras años sin oferta de vivienda nueva y ausencia casi total de promoción pública, la ciudad lidera ahora esta recuperación inmobiliaria de la región con casi 1.300 viviendas en construcción, casi el doble que en el año 2022. Además, 281 son de protección oficial promovidas por el Ayuntamiento en el barrio de El Alisal, a las que se sumarán varios proyectos ya anunciados, como en El Campón, en Peñacastillo, en colaboración con el Gobierno cántabro. Es decir, hay iniciativa privada, que muestra la confianza empresarial en las posibilidades de la ciudad como un sitio atractivo para vivir, y hay iniciativa pública para controlar los precios y facilitar el acceso a la vivienda a los que más dificultades tienen.

El camino parece el correcto para responder a la demanda actual. A las Administraciones corresponde ahora que el interés de la empresa privada se ajuste al desarrollo adecuado de las ciudades y de la comunidad; y que la promoción pública dé respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos.