Disparidades territoriales: ¿un problema insoluble?

Con referencia al ámbito territorial, sea cual sea el criterio que se emplee y el tipo de medida que se utilice, mi impresión es que el grado de desigualdad que existe en nuestro país, aun no siendo el más elevado de la UE, es excesivo. La reciente publicación por parte del INE de la Contabilidad Regional correspondiente a 2022 pone este hecho de manifiesto con una claridad absoluta.

Si nos centramos estrictamente en lo ocurrido a lo largo del año mencionado, la estadística muestra una gran disparidad tanto en lo que atañe a tasas de crecimiento del PIB, como a su nivel por habitante e, incluso, a la renta disponible por persona. En lo que atañe al primero de estos indicadores, se aprecia que el comportamiento de las Islas Baleares, la comunidad autónoma con mejor registro, fue nada menos que seis veces superior al de Extremadura, que es la región que anotó un crecimiento más reducido: 12,5% frente a 2,1%. Por si esta comparación pudiera resultar engañosa, ya que se fija únicamente en los dos extremos, valga complementarla recordando que el PIB de tres comunidades (Baleares, Canarias y Madrid) creció por encima del 7%, mientras que el de otras tres (Extremadura y las dos Castillas) lo hizo en torno al 3% o por debajo. Adicionalmente, hay que subrayar que las regiones más ricas crecieron más que las más pobres, amplificando así las diferencias existentes entre ellas.

Esta última cuestión se evidencia también al referirnos al PIB per cápita, indicador que nos dice que el valor correspondiente a la Comunidad de Madrid es casi un 86% mayor que el de Melilla. Las grandes diferencias se mantienen, lógicamente aminoradas, si abrimos un poco el abanico. Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña son, por ese orden, y con PIBs per cápita por encima de los 32.000 euros, las regiones más desarrolladas, mientras que Melilla, Andalucía, Extremadura, Canarias y Castilla la Mancha, con PIBs por habitante por debajo de 22.500, son las más pobres.

Por último, si la comparación entre regiones se establece en términos de renta disponible bruta por habitante, que es una magnitud que refleja mejor (aunque no plenamente) la capacidad de compra de los ciudadanos, se repite el hecho de que las cuatro regiones más ricas en PIB per cápita también lo son en renta disponible, y que las cuatro con el PIB por habitante más bajo también lo son en cuanto a la renta disponible, si bien aquí las disparidades son algo menores.

Sea como fuere, y a mi juicio, el verdadero problema de las disparidades regionales en producción y renta no consiste tanto en lo abultado de las mismas sino en su persistencia. Aunque es cierto que ha habido algunos cambios en el posicionamiento relativo de algunos territorios, sobre todo entre los menos desarrollados, sucede que las disparidades están fuertemente enquistadas y que, según parece, no hay forma de extirparlas. Si, por no aburrirles con estadísticas, nos fijamos sólo en el PIB por habitante de las regiones más y menos ricas del país en el año 2000 (Madrid y Extremadura, respectivamente), se aprecia que las diferencias estaban entonces un poco por encima del 100%; como en el 2022 las mismas se cifraban en el 86% antes mencionado, se concluye que la reducción de la brecha ha sido mínima, lo que significa que la política aplicada para intentar corregirlas (tanto la regional europea como la propiamente nacional) no ha tenido mucho éxito.

¿Significa esto que la pretensión de lograr una reducción importante de las disparidades regionales es una tarea vana? Aunque quizás sea así, ello no implica que no haya que seguir porfiando en el intento, pues, sin tales políticas, probablemente las diferencias, en lugar de mantenerse o reducirse ligeramente, se ampliarían. En mi opinión, sólo con cambios drásticos en la estructura productiva de las regiones más pobres y con un cierto cambio en la mentalidad de sus habitantes se podría avanzar en el proceso de convergencia territorial. Algo que, de producirse, será a muy largo plazo.