Financiación autonómica

Amén de las diferencias políticas que existan acerca de cómo deben financiarse las autonomías, que ya enturbian todo el asunto, hay elementos objetivos que hacen extremadamente complejo alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos. El elemento clave sobre el que pivota todo el sistema de financiación (cuya reforma está pendiente desde 2014), y sobre el que sí existe consenso, es la población ajustada. Donde ya no lo hay es en cómo se ajusta esa población o, dicho con otras palabras, en qué ponderación se da a cada una de los potenciales elementos de ajuste: la dispersión territorial, el grado de envejecimiento, las características físicas (orografía) del terreno, etc., etc. Y esto es así con toda la lógica del mundo porque, sólo por poner dos ejemplos: ¿qué tienen en común, en los asuntos mencionados, Cantabria y Andalucía? Poco, por supuesto; ni la extensión superficial, la orografía, la dispersión territorial, o el grado de envejecimiento. Y, por otro lado, ¿por qué algunas comunidades (las forales) tienen un sistema de financiación privilegiado y otras (las de régimen común) no?

Sea como fuere, el asunto de la financiación autonómica está otra vez en el candelero y no queda más remedio que afrontarlo. Y tiene que hacerse en el marco adecuado, que no es otro que el Consejo de Política Fiscal y Financiera; esto no excluye, claro está, que haya negociaciones bilaterales paralelas, siempre que estas sean absolutamente transparentes y los acuerdos, o desacuerdos, alcanzados en las mismas se lleven a las negociaciones del mencionado Consejo. Dicho esto, tres son, a mi juicio, los principales asuntos en los que puede haber, y seguro que hay, discrepancia: cómo se valora el coste efectivo de los servicios, qué se hace con la deuda autonómica, y si se mantiene, o no, el statu quo.

Empezando por este último, voy a mojarme diciendo que no soy partidario de su mantenimiento. Y no lo soy porque, por definición, hacerlo significaría que nada cambiaría, cuando, según parece, el actual modelo no satisface a la mayoría de las comunidades. Entiendo perfectamente que algunas comunidades, como la cántabra, quieran mantener esa situación (no en vano es una de las mejor financiadas, lo cual no quiere decir, ojo, que esté bien financiada), pero considero que no cuadra con la necesidad de cambio. Habría que buscar alternativas.

En cuanto al coste efectivo de los servicios, que parece que es el criterio fundamental a considerar en el asunto de la financiación, el problema estriba tanto en acordar cómo se estima (pues, como he indicado previamente, la valoración va a depender de la ponderación otorgada a las variables de ajuste de la población) cuánto en hacerlo con los servicios que se deben prestar y a qué nivel.

En lo que atañe, por último, a qué hacer con la deuda autonómica (y en particular la generada a través del recurso al Fondo de Liquidez Autonómica creado para ayudar a sobrellevar la crisis), reconozco que el asunto es peliagudo, pero creo que, con buena voluntad, podría resolverse. No soy partidario, en principio, de la condonación de la misma, pero sí, por ejemplo, de ampliar los plazos de amortización e, incluso si sirve para calmar algunas tormentas políticas, de acometer una condonación parcial. ¿Si se han practicado antes amnistías fiscales a personas, por qué no a territorios? ¿No se hace a nivel internacional? Soy consciente de que esto puede levantar ampollas, pero, si lo pensamos con tranquilidad, coincidiremos en que quizás sea una forma de calmar las aguas; cierto que beneficiaria en primer lugar a Cataluña (y que ello facilitaría la investidura de Sánchez), pero también, entre otras y a renglón seguido, a comunidades gobernadas por los populares, como la valenciana y la andaluza.

En cualquier caso, y para complicar aún más el asunto, me parece que, incluso en el supuesto de que se alcanzara un acuerdo sobre los puntos mencionados, todo quedaría supeditado al montante final de la financiación autonómica, pues, me temo, ninguna comunidad querrá quedar peor financiada ahora que antes.