Vecinos de San Miguel de Aras denuncian que la nueva potabilizadora «no cumple la normativa»
Quieren frenar la puesta en marcha de la planta porque está «demasiado cerca» de sus viviendas y en ocho días de pruebas «ha dado dos fallos» con vertidos a un manantial
Un colectivo de veinte familias del barrio de Los Tojos en San Miguel de Aras (Voto) está dispuesto a enfrentarse a las administraciones para retirar la planta potabilizadora de agua que han instalado frente a sus viviendas. Los residentes llevan dos años denunciando la cercanía del complejo a sus propiedades, antes incluso de comenzar la obra. Ahora que la ejecución ha concluido y la planta está a punto de ponerse en marcha, las pruebas previas a activar la instalación no han gustado tampoco a los afectados. «Dos fallos en ocho días», esgrimen como razón para frenar la planta. El Ayuntamiento explica que todo lo relativo a la gestión de la instalación corresponde al Ejecutivo cántabro.
La citada planta está colocada a pocos metros de una veintena de viviendas y, por ello, a los vecinos afectados, les preocupa que los errores -que por el momento son fugas de agua sin productos tóxicos- se puedan traducir, una vez el complejo entre en funcionamiento, en vertidos clorados al manantial más próximo, que es afluente del río Clarín. «Si el agua tuviera cloro u otros productos hubiera sido un escape peligroso», inciden. «Las plantas potabilizadoras tienden a dar problemas de fugas y nos están demostrando que no hay ninguna seguridad. El agua rebasa, escapa y va hacia el cauce del río pasando por la carretera», detallan los vecinos con preocupación.
«Estamos en contra porque entendemos que ni es el sitio, ni hay medidas«, explicaba a El Diario Montañés un portavoz vecinal. »Al ser una planta de clorado utiliza tóxicos y por ello tiene que guardar una distancia de más de 20 metros de las propiedades según la normativa», aseguran los afectados, que añaden que, en algunos casos, la instalación solo se separa «por 20 o 30 centímetros» de sus propiedades, lo que es «medio ilegal o ilegal», opinan.
En este sentido, ya han presentado dos alegaciones a la Dirección General de Obras Hidráulicas y al Ayuntamiento de Voto. Dicen estar «alarmados» por esta situación y piden paralizar la activación de la planta. «De momento no se han atrevido a poner la planta en funcionamiento con producto, tendrán que contar con una licencia de actividad, nosotros estamos presionando», resumían. En esta cruzada cuentan con un abogado porque son conscientes de la dificultad de oponerse contra las administraciones: «llevamos gastado mucho dinero en defender nuestros intereses. Ahora estamos elaborando diferentes informes que reflejen la peligrosidad de ubicar ahí la planta».
Explican, además, que fue durante el Gobierno del PRC en la junta vecinal de San Miguel de Aras cuando se cedió la parcela donde ahora se ubica la planta al Ayuntamiento y después a Obras Hidráulicas. Y responsabilizan de esta acción a la edil regionalista Natalia Sánchez, quien previsiblemente compartirá el mando del Consistorio de Voto con Francisco Maza de la Agrupación Vecinal por Voto (AVV) tras la moción de censura registrada para relevar al actual alcalde, el popular Santiago del Campo. Asimismo, el colectivo vecinal puntualiza que en este momento es el PSOE quien dirige San Miguel «por primera vez».
La respuesta del Ayuntamiento y la Junta Vecinal
En cuanto a la opinión del Ayuntamiento sobre este asunto, aún gobernado por el PP con el apoyo de AVV, los vecinos consideran que «se ponen de perfil, ni nos quitan la razón ni nos la dan». Al respecto, el alcalde, Santiago Campo (PP) asegura que los afectados «no se han dirigido a mi». Esgrime que la obra es ya competencia del Ejecutivo regional, a quien le cedieron la parcela para levantar la planta, y por tanto el Ayuntamiento, «se la encontró ahí, no tiene responsabilidad». El regidor reconoce que la empresa ha parado de hacer pruebas: «Me llamaron del 112 por una fuga de agua sin químicos, por eso la empresa paró», afirma.
Por su parte, quien fuera la presidenta de la junta vecinal cuando se inició la obra, Natalia Sánchez (PRC), indica que fue el Ayuntamiento quien pidió el terreno a San Miguel de Aras porque «era el más adecuado» para el funcionamiento de la potabilizadora. «Fue lo único que hizo la junta vecinal», zanja.
Así, los residentes en Los Tojos proponen dar otros usos al edificio que se ha levantado, «no derribarlo», aunque es una «aberración», pero si paralizar esta actividad. «Tenemos agua potable, hay una red de agua con depósitos que tienen más de cuarenta años y esto sería una supuesta mejora, pero creemos que hay que buscar otro sitio, no delante de las viviendas», concluyen.
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