Los propietarios del Palacio de Caranceja reclaman 635.283 euros de pérdidas al Ayuntamiento de Reocín

Según los argumentos de la propiedad, el 25 de marzo de 2024 se presenta en la finca la arquitecto municipal junto a la Policía Local. Allí les notifican el precinto de las instalaciones y les comunican que la decisión tiene su origen en una queja vecinal anterior por «ruidos» que data del 28 de noviembre de 2023 (meses antes). Una situación que, según se reconoce ahora, se debió a un hecho puntual, poniendo el establecimiento todo tipo de medidas correctoras después y tras «más de dieciséis años ejerciendo la actividad sin ningún otro problema».

Según esgrime esta parte del conflicto, ese mismo día se discute la legalidad de una construcción (una carpa desmontable que sustituyó a otra más vieja en el mismo lugar), insistiendo la técnico local en que no se ajustaba a proyecto. Tras lo que llegó una ristra de informes para poder legalizarla, «certificando» los promotores, técnicos de reconocido prestigio y hasta el mismísimo «presidente de la Asociación Española de Carpas» que lo construido «contaba con todas las garantías técnicas y de seguridad». Pese a ello, la propiedad del Palacio de Caranceja siempre se ofreció a realizar modificaciones, mientras que el departamento técnico municipal les respondía con silencio. Hasta tal punto llegó la cosa que, tras algunas peticiones sin respuesta, tuvieron que solicitar una medida cautelar para poder celebrar bodas que tenían contratadas a las puertas de la Semana Santa hasta que hubiera sentencia judicial. En este punto, el juez les concedió permiso por la indefensión a la que se habían visto sometidos, el Ayuntamiento -a instancias técnicas- recurrió y un día después volvió la propiedad a ganar el litigio, por lo que se pudieron realizar allí las bodas. No obstante, debido a esa inseguridad creada, se cancelaron hasta doce ceremonias. Y mientras ellos luchaban en los despachos, el propio Ayuntamiento autorizaba meses después un evento en su carpa desmontable ('La Fábrica Mágica de la Navidad') por el que pasaron 20.000 personas y que fue inaugurado por el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, en la instalación del precintado.

Pasaron los meses y, ahora, a las puertas de una nueva Semana Santa, la situación sigue paralizada. «No nos responden, ni para bien ni para mal», explican los propietarios desesperados. Es por ello que, tras agotarse el dialogo, han acudido a los tribunales. Alegan, entre otros motivos, que el Ayuntamiento solo les da traslado de que existe una queja vecinal en el momento del precinto, que es casi un año después del suceso puntual comentado. Lo hacen sin la posibilidad de defenderse de los supuestos ruidos o quejas y sin ningún informe de la Policía Local o la Guardia Civil, es decir, «sin pruebas». Además, señalan que ese precinto les da un plazo de subsanación de dos meses y, pese a presentar proyectos, informes de expertos y mostrar disposición al dialogo, nadie les contesta lo que causa la suspensión del plazo para resolver el procedimiento y llegar a un veredicto que resuelva el conflicto.

Los demandantes explican que el daño no solo les afecta a ellos, es extensible a terceros (los novios, las flores y resto de proveedores...), ya que dicha medida -la de cerrar la instalación- no resultó «justificada ni proporcionada, toda vez que no existió riesgo para la seguridad de las personas y no resulta acreditado el perjuicio de los supuestos vecinos denunciantes». Se han tenido que suspender o rechazar 32 bodas en total (12 por daño directo y 25 peticiones que desistieron ante la situación). Además, en este último año, la empresa ha registrado 535 solicitudes de boda, pero no pueden darlas trámite dada la situación.

A preguntas de El Diario Montañés, el alcalde de Reocín, Pablo Diestro (PRC), no quiso valorar temas «judicializados». No obstante, sí admite que el Ayuntamiento tiene «un problema grave en la oficina técnica» por la acumulación de expedientes urbanísticos. Un «atasco» que, según afirma el regidor, genera «una enorme inseguridad» a las personas que tienen que tramitar licencias porque no se informan los expedientes. Diestro asegura que existe un «auténtico embudo» en la oficina que paraliza todo y se muestra solidario con los afectados: «Comprendo la situación por parte de la empresa y, desgraciadamente, no es un problema aislado». Tras ello explicó que en este asunto los alcaldes tienen «las manos atadas» porque solo pueden emitir decretos, reiterando a los técnicos que den agilidad a los expedientes y que estos se informen «para bien o para mal». Un problema que, asegura, tienen otros ayuntamientos, por lo que pide al Gobierno de Cantabria que habilite un servicio «que nos permita descongestionar estas situaciones» con garantía jurídica.

También subraya que la situación era tan grave en el municipio que estaba penalizando urbanísticamente a Reocín, con urbanizaciones y proyectos parados por esta problemática. «Para que te hagas una idea, el Ayuntamiento de Reocín tenía que estar ingresando por obras 500.000 euros anuales y apenas se ingresan 50.000», compara. Mientras tanto, la solución para el caso de Reocín es sacar la plaza titular del arquitecto municipal. Y eso «ya se está haciendo», asevera Diestro.