El juez ratifica el derribo del camping Arenas de Ajo y da la razón al Ayuntamiento de Bareyo

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Pese a los intentos de las dos mercantiles que hay detrás del negocio (Camping Arenas de Villanueva SL y Cabo Ajo Inversiones) por echar atrás la medida cautelarísima del Consistorio de cortar suministros al establecimiento y que acuerda la demolición de las ampliaciones efectuadas, el juez se ha puesto de parte del Ayuntamiento. Uno a uno los argumentos que aporta la defensa del negocio, entre ellos la caducidad del proceso y que no se concedió plazo para alegar, son desmontados en la sentencia al asegurar que «no tienen sustento alguno». Un fallo, de hecho, que se muestra muy duro con los responsables del camping ya que habla de las ampliaciones ejecutadas en término de «clandestinas», al no contar con «las perceptivas licencias y estudios ambientales» e, incluso, en varias ocasiones se destaca en el veredicto que «en ningún» momento desde el establecimiento niegan ese hecho.

Tampoco acepta la sala el argumento esgrimido por parte del negocio de que «el Plan General de Bareyo en tramitación por el propio Ayuntamiento clasifica en su aprobación provisional el suelo en el que se ubica el camping como suelo urbano consolidado con la calificación u ordenanza del camping, por lo que todas las instalaciones existentes que no tuvieran la correspondiente autorización son legalizables». Sin embargo, la representación del Ayuntamiento defiende que «ni las parcelas tienen condición de suelo urbano ni el citado plan en tramitación tiene efecto alguno puesto que no está en vigor». Por todo ello, la sentencia señala que la ley estipula «en casos de obras sin licencia solo dos posibles actuaciones: o la demolición, si las obras son ilegalizables; o la legalización. Y es el primer trámite el que efectúa la Administración pública porque entiende que no cabe legalización alguna» con lo que, añade el auto, «la del Ayuntamiento no es una decisión discrecional sino una obligación».

Las ampliaciones ilegales comenzaron a ejecutarse hace más de dos décadas. Este proceso lleva un largo camino recorrido en el que el Ayuntamiento de Bareyo ha cambiado de criterio. En la primera etapa, con el regionalista José de la Hoz como alcalde, el Consistorio litigaba de la mano con el camping contra la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) para que en su Plan General de Ordenación Urbana tuviese cabida las construcciones ilegales. «Existen una batalla de informes técnicos, acuerdos de la Crotu denegatorios de las ampliaciones y sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJC)», recuerda sobre aquella etapa el juez al respecto.

Sin embargo, con la dimisión del anterior alcalde en 2020, el papel del Consistorio en este conflicto cambia radicalmente. En respuesta a la queja de un vecino, con la regionalista Ángela Ruiz como regidora, se comienza un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística que ahora el Juzgado Contencioso Administrativo no solo respalda al afirmar que es legal, sino que también debe ejecutarse. No obstante, dicha sentencia no es firme, y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).