Miera hará un referéndum para que los vecinos decidan si quieren molinos eólicos

Según explicó la plataforma ciudadana contraria a la instalación de molinos y promotora de los encuentros de Mirones y La Cárcoba, la mayor parte de los participantes «mostraron su preocupación por los efectos nocivos del polígono, como el ruido, el electromagnetismo o el impacto en la ganadería y la economía del valle», subrayaron.

Las reuniones del pasado fin de semana surgen a raíz de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 10 de febrero, de la solicitud de autorización administrativa para la construcción de un parque eólico compuesto por 13 molinos de gran envergadura y que, en algunos de los casos, está a menos de kilómetro y medio de los núcleos de población. Un proyecto que afecta también a Riotuerto, Arredondo, Entrambasaguas y Solórzano, con un plazo abierto de 30 días para presentar alegaciones.

Al encuentro acudió el teniente de alcalde, José Miguel Crespo (PRC), quien trasladó algunos detalles de las reuniones que se han mantenido con la empresa y que -según cuestionan los afectados- «hasta el momento, habían permanecido en silencio».

El responsable municipal aclaró a éste periódico que el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna posición y que su propósito al acudir fue sólo el de «informar» de lo que se había tratado en las reuniones con la empresa para que la gente valorase o tomase una decisión con todos los datos en la mano. De ahí surgió también el compromiso público de hacer una consulta para que los vecinos y propietarios de la zona que estén afectados puedan decidir lo que quieran. «Estamos pendientes de hacer una consulta al secretario», incidió.

Al encuentro también acudieron miembros de otras plataformas contrarias a los molinos de municipios implicados en la Garma Blanca como Riotuerto «donde había vecinos que no tenían ni idea del proyecto», apuntaron. De hecho, la próxima semana tendrá lugar otra reunión informativa similar en Arredondo y ya habido otros encuentros en Merilla (San Roque).

Durante la reunión, los ponentes abordaron el tema de los efectos nocivos de estos gigantes de aspas. La propagación del ruido, el electromagnetismo, el impacto en la ganadería y las estimaciones de las consecuencias negativas para la economía de los vecinos y del valle fueron algunos de los asuntos tratados.

Respecto al proyecto, trascendió que los 13 molinos miden 160 metros y que son «los más altos proyectados en tierra en este momento y podrían afectar al entorno rural y de gran valor patrimonial que habitan». Las dimensiones del proyecto en uno de los valles más estrechos de Cantabria, la cercanía a los núcleos y la posibilidad de contar además con líneas de alta tensión atravesando toda la zona para la evacuación de futuros proyectos «generó alarma e incomodidad entre las personas que habitan el municipio», valoraron.

Según los afectados, los aspectos relacionados con la economía abrieron un gran debate en el que, a su juicio, se puso de manifiesto que las pérdidas patrimoniales y económicas de cada vecino «no eran compensadas por los escasos beneficios que oferta la empresa, a pesar de que las cifras son siempre orientativas y poco fundadas», trasladaron.

Los números aportados han sido variables, se habló de entre 13 y 15 millones de euros en 25 años. Una parte sería en especie, es decir valorando las obras de viales y conducción de fibra óptica que hará la empresa para que funcionen los molinos y que luego quedarán para el pueblo. Una segunda parte sería el canon anual de 43.000 euros más otros 40.000 por diferentes impuestos. A todo esto se suman 398.000 euros por la licencia de obra.