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Violeta Santiago
Miércoles, 28 de diciembre 2016, 07:22
Mientras el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno regional debaten sobre la forma de acometer los diques que tienen que proteger estos arenales sin provocar daños colaterales, las mareas del otoño e invierno han empezado con su castigo anual a las playas de Los Peligros, La Magdalena y Bikinis, en Santander. Las tres se ven ya con zonas despobladas de arena, con grandes áreas de rocas a la vista, y en un largo tramo se ha generado un gran escalón en la arena.
Esta imagen podría dejar de repetirse cada año de llevarse a buen término la construcción de los espigones proyectados por la Administración del Estado, pero el proyecto sigue en el aire. Actualmente, la Demarcación de Costas del citado Ministerio está preparando el informe que el Ejecutivo regional le exigió para permitir que la obra vaya adelante. Como es sabido, el bipartito PRC-PSOE paralizó la reforma prevista para salvar las playas alegando que no se cuenta con un informe preceptivo: el que garantiza que no habrá repercusiones negativas ni El Puntal ni el Estuario del Miera, que son dos Lugares de Interés Comunitario (LIC) que entran en el área de protección de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Este departamento ha sido intransigente con Medio Ambiente a la hora de reclamar seguridades para el resto del ecosistema de la bahía.
Dos problemas distintos
Las playas se enfrentan, pues, a dos problemas distintos. El primero es el puramente medioambiental: todos los inviernos las mareas retiran mucha más arena de la que devuelven, lo que deja casi desnudos a los arenales y obliga a Costas (Medio Ambiente) a reponer toneladas de arena en la primavera para que puedan usarse.
El segundo lo ha generado la solución propuesta para resolver el primero: el proyecto de construcción de tres espigones estratégicamente pensados para evitar la sangría anual de arena. Este plan lleva dando vueltas por los despachos 10 años y, cuando finalmente el Ministerio (promotor de la obra) le dio el visto bueno definitivo, el Ejecutivo regional descubrió que faltaba un estudio concreto que no consta en el expediente.
Dado que los gobiernos central y autonómico no llegaron a un acuerdo sobre la repercusión medioambiental de la obra, la Administración cántabra planteó en julio pasado un recurso ante la Audiencia Nacional pidiendo la paralización cautelar de la construcción. Los trabajos previos para acometerla se iniciaron, e incluso el Ayuntamiento de Santander se personó en el proceso judicial para estar enterado de lo que ocurría, pero poco después el Ministerio solicitó al Gobierno Revilla que dejara en suspenso durante dos meses el recurso para intentar llegar a un acuerdo por la vía extrajudicial. Este plazo concluye en enero, aunque las partes pueden solicitar una prórroga.
De momento, todo lo que puede hacer el Ayuntamiento de Santander para tener en buenas condiciones estas playas en un invierno en el que la climatología sigue animando a los santanderinos a pasear por ellas es utilizar los medios mecánicos de que disponen sus servicios de limpieza para redistribuir la arena entre áreas y así conseguir la mayor uniformidad posible.
Pero el Ayuntamiento no puede hacer más que las labores de mantenimiento habituales. Desde hace más de una década, es la Demarcación de Costas quien se ocupa de los rellenos de arena que son necesarios año tras año.
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