Los constructores piden al Ayuntamiento de Santander reducir los plazos de obtención de licencias

Aunque la ley contempla un plazo de tres meses para otorgar las licencias de obra, los constructores lamentan que, en el caso de Santander, «se alarga hasta los diez meses». Por eso, la asociación de Constructores y Promotores de Cantabria urge al Ayuntamiento que adopte medidas que sirvan para reducir los plazos y cumplir así los legalmente establecidos.

Así se lo ha trasladado el presidente de la ACP, Javier Palomera, a la alcaldesa, Gema Igual, en un escrito en el que le plantea una batería de acciones para agilizar la tramitación de dichas autorizaciones, que son una «pieza clave» en la actividad del sector, ya que sin licencia no puede obtenerse financiación y queda paralizado el proceso de ejecución de las obras.

«Los notables retrasos que se acumulan a la hora de conceder licencias de obra tienen un importante impacto en la actividad económica de la ciudad, que no está aprovechando la intensidad de la recuperación económica y, en particular, la del sector de la construcción», señala la patronal, a la vez que advierte del «abandono de multitud de proyectos si la obtención de una licencia supone meses y meses de espera y de entrega de documentación, ya que a los costes de financiación se añade la desesperación de los promotores».

La ACP explica que el proceso vigente, pese a tratarse de un acto reglado, supera «ostensiblemente» el plazo legal establecido. Como apunta Palomera, aunque la Ley del Suelo de Cantabria en vigor hasta ahora da a las Administraciones públicas tres meses para tramitar cualquier tipo de licencia -salvo para obras menores-, «en muchas ocasiones, se superen los diez meses».

Para evitar las largas esperas, los constructores y promotores abogan por la simplificación y la disminución de las cargas administrativas y proponen para ello una serie de actuaciones.

En primer lugar, plantean «menos procesos y más simples» y que se regulen como únicos procedimientos de control urbanístico el de licencia y el de declaración responsable, extendiendo esta última a determinadas actuaciones en uso residencial para agilizar pequeñas actuaciones, lo que servirá -apuntan- para la primera ocupación y funcionamiento en edificios de nueva construcción.

También proponen crear la figura de la licencia básica para «potenciar, activar y facilitar» la actividad constructiva en obras de nueva edificación. «Este instrumento, además de dotar de agilidad al sistema, asegurará un control adecuado de los aspectos edificatorios esenciales en su conjunto», afirma el presidente de la ACP, quien recalca que esta medida permitirá a los particulares comenzar las obras en el plazo de un mes, mientras se validan los demás aspectos del proyecto en la licencia general.

En tercer lugar, desde la asociación reclaman la eliminación del sobrecoste que asume el inversor por el retraso administrativo en la tramitación de las licencias, algo que demora la obra y la encarece y repercute además en el precio final de los inmuebles. Calculan que su supresión reducirá en torno a un 3% el precio de la vivienda.

Además, plantean licencias para actividades temporales en locales con licencia en vigor, siempre que no afecten a las condiciones de seguridad y medioambientales. Por último, esta asociación que aglutina a más de 150 empresas pide al Ayuntamiento más colaboración público-privada.

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