El Gobierno convertirá Parayas en un macrocomplejo para la atención de la discapacidad y la dependencia

Ahora, dos años después de aquel portazo al proyecto del Ministerio, la Consejería de Inclusión Social dirigida por Begoña Gómez tiene muy avanzada la hoja de ruta para convertir la finca en un macrocomplejo para la atención de la discapacidad y la dependencia, según ha podido saber El Diario Montañés. Se tratará de uno de los dos proyectos estrellas del mandato de Buruaga en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, junto con el derribo de la Residencia para instalar allí un parque científico de la salud.

La idea de la Consejería es abrir allí seis instalaciones punteras en servicios sociales: un centro integral de neurorehabilitación para personas con daño cerebral o lesiones neurológicas, incluyendo atención a pacientes ELA; un centro de atención psicosocial para personas con trastorno mental grave y a sus familias cuidadoras; una residencia para personas mayores en situación de dependencia; un centro para recuperación de la salud para personas sin apoyos familiares; un centro de atención para niños y adolescentes con problemas psiquiátricos y daño cerebral –incluida TEA– que ya no reciben atención mediante educación especial (cuidadores mayores que necesitan apoyos para la atención de los mismos), y residencias terapéuticas.

Estos nuevos servicios ocuparían diez de los doce edificios del antiguo psiquiátrico de Parayas, que se encuentran abandonados y sin uso desde hace catorce años. Los otros dos se separarán físicamente del resto para seguir utilizándolos como correccional para menores que deben cumplir penas de prisión.

La mayor preocupación de la Consejería ahora es el estado en el que se encuentran los edificios del futuro macrocomplejo. Es clave saber si los inmuebles se pueden reformar, si es necesario derribarlos y volverlos a levantar y, además, si cumplen las condiciones técnicas necesarias para usarse para esos fines.

Para aclarar estas dudas, el Consejo de Gobierno aprobó en noviembre del año pasado encargar a Tragsa el Plan Director de Usos del complejo. Es decir, un estudio en profundidad de las instalaciones para saber qué se puede aprovechar.

Ese informe estará listo en unas semanas, según informan desde la Consejería, pero ya existe un primer avance que revela «graves deficiencias en la cimentación y estructura de tres de los edificios». Casi con toda seguridad habrá que demoler esos inmuebles ya que son irrecuperables para su uso. Además, es patente la presencia de humedades, causantes directa del deterioro estructural, degradación de materiales y presencia de hongos, estos últimos presentes en todas las construcciones.

Aunque la recuperación de Parayas supondrá un coste importante, desde la Consejería se amparan en los datos para demostrar la necesidad del proyecto. Según un informe de la Universidad de Cantabria, encargado por el Gobierno para el horizonte 2025-2030, existen ahora mismo en Cantabria 22.692 personas –el 3,89% de la población– con algún grado de dependencia y, por tanto, con derecho a servicios sociales. De ellas, 16.537 tienen más de 65 años.

Este volumen tensiona la capacidad de la comunidad para ofrecerles la atención que requieren. Por eso, el estudio considera que Cantabria, que ya cuenta con 4.470 plazas concertadas de residencias de mayores, necesita para este mismo año 628 más, y otras 134 de discapacidad para añadir a las 667 que ya existen.

Los centros de atención a la dependencia están llenos –las bajas por fallecimiento se cubren en menos de 48 horas–; los más solicitados cuentan con personas a la espera de que se libere una habitación para poder entrar, y hay muchos casos que ocupan plazas privadas (sufragadas en parte por el Gobierno de Cantabria, con la prestación vinculada al servicio) hasta que accedan a la concertada. Mientras tanto, la oferta está prácticamente estancada, ya que la mitad de las residencias que se proyectaban construir, para llegar a 2025 con una mayor capacidad de respuesta, no han prosperado.

Por eso, el cronograma que maneja la Consejería de Inclusión Social está muy ajustado. En cuanto se reciba el informe de Tragsa, se tomarán las decisiones sobre los edificios y las instalaciones, con vista a elaborar un anteproyecto con presupuesto fijado para las próximas navidades.

Si se cumple este calendario, el Gobierno tendría todo el año 2026 para superar todos los trámites del macrocomplejo en los despachos. Es decir, convocar el concurso, licitarlo, adjudicarlo, conseguir los permisos técnicos... con el objetivo de que las obras pudieran empezar en la próxima legislatura.