El plan antifraude para optar a fondos europeos incluye la retirada de proyectos

Entre las medidas preventivas para evitar que se produzca el fraude, el Ayuntamiento de Santander tendrá que informar y formar al personal que vaya a participar en la gestión de cada programa para que sepan cómo actuar en cada momento para que el proceso se realice como marca Europa. Cada programa contará con su propia Mesa de Trabajo y también se establecerá un código de conducta que obligue a los funcionarios a trabajar con eficacia y agilidad. Además, cada gestor implicado en un programa que opte a fondos europeos tendrá que hacer una declaración de ausencia de conflicto de intereses. La Oficina Municipal de Fondos Europeos (ONFE), creada para gestionar estas ayudas, tendrá la capacidad de informar y proponer a las diferentes concejalías el apartamiento de cualquier empleado público, contratista o beneficiario que pueda verse envuelto en conflicto de intereses.

Para detectar el fraude, este plan exige una división de responsabilidades que permita compartimentar y bloquear en el menor tiempo posible cualquier indicio de actividad fraudulenta. También se redactarán unos indicadores de fraude para cada programa que servirán de guía si alguno de los participantes detecta una actuación sospechosa.

Dentro de las medidas de detección del fraude está la suspensión parcial de los programas. Aunque, en principio, parece más una consecuencia de la detección que una medida, el plan expone que, de realizarse una suspensión a tiempo, será más fácil conservar las pruebas de estas malas conductas y que se puedan erradicar antes de que afecte a todas las fases del programa.

Y, si se detecta un fraude, ¿cómo se corrige? Con la suspensión del procedimiento. El plan incluye unos principios de actuación mínima y de proporcionalidad que tienen el objetivo de minimizar la paralización de los programas. Es decir, en un primer momento se suspenderán las fases o áreas del proyecto en las que se presuma fraude y, si en una evaluación posterior se detecta que la mala praxis afecta a todo el programa, ya se suspendería completamente. También se revisarán las cuentas y la contabilidad del proyecto afectado para delimitar con exactitud el alcance de lo ocurrido.

Quien detecte el fraude deberá comunicárselo a su superior y, en el caso de que sea esa persona quien está actuando mal, se trasladará directamente a la dirección de la ONFE. También se pondrá en conocimiento de lo ocurrido al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y, a través de ella, a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude.

El plan antifraude recoge algunos indicadores de riesgo que servirán para orientar los planes concretos que se elaborarán para cada programa. Así, respecto al personal, se considera un riesgo que no hagan una declaración de conflicto de intereses y que no tengan formación específica en el área en el que trabajen. En cuanto a la contratación, es importante que los empleados encargados de realizar dichos contratos no hayan trabajado en una empresa que pueda presentar una oferta en una licitación y que tampoco tengan familiares directos en dichas empresas. También se considerarán indicadores de riesgo que se cambien las condiciones de un contrato ya firmado entre el beneficiario y el contratista, que los miembros del comité de evaluación no tengan el conocimientos técnico necesario para evaluar las ofertas presentadas o que una misma empresa gane contratos sucesivamente.

El último proyecto que Santander ha presentado a los fondos europeos es 'Santander Capital Natural', una iniciativa que pretende fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización de la ciudad y para la que se solicitan un total de 4,5 millones. Otro de los proyectos más importantes que optan a esta ayuda es la construcción de un aparcamiento disuasorio junto al campo de fútbol del Racing, en El Sardinero. En este caso, piden el 36% del presupuesto total (2,48 millones).