Santander agilizará la tramitación de licencias para constructores
Igual anuncia que el Ayuntamiento redacta una ordenanza para «regular» la figura de la declaración responsable y así evitar demoras administrativas
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha compormetido con la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) a agilizar los trámites en la concesión de licencias de obra. Así lo dio a conocer la regidora durante la reunión que mantuvo con Javier Palomera, presidente de la asociación, y con Juan de Miguel, miembro de la junta directiva. De esta forma, Igual da respuesta a una solicitud que el sector reclama desde hace más de un año, tal y como refleja un escrito que la asociación remitió al Ayuntamiento en junio de 2022. Para los constructores, las licencias son una «pieza clave» de su actividad, ya que sin ellas no puede obtenerse financiación y queda paralizado el proceso de ejecución de las obras.
Acompañada por el concejal de Fomento, César Díaz, la regidora anunció que el Ayuntamiento ya está trabajando en la redacción de una ordenanza que, de acuerdo a lo dispuesto en la nueva Ley del Suelo, regulará la figura de la declaración responsable en una fórmula que pretende evitar demoras en la tramitación de los expedientes administrativos y en la concesión de las correspondientes licencias. Así, la alcaldesa expresó el compromiso del Ayuntamiento de seguir apostando por la inversión productiva y mantener el «elevado» nivel de licitación en obra pública realizado en los últimos años.
Durante la reunión, Igual también comentó que «próximamente se sacarán a concurso varios proyectos», como la primera fase del Plan Director de General Dávila, la renovación de los barrios Grupo Velarde, Pronillo-Santiago El Mayor, la Colonia del Mar o la segunda fase del Sardinero, así como la renovación de los Jardines de Piquío, entre otros.
Por su parte, los miembros de la Asociación de Constructores y Promotores pusieron de manifiesto la necesidad de agilizar los trámites para la aplicación integral del mecanismo excepcional de revisión de precios contemplado en la ley del 2022 y sus posteriores modificaciones, lo que, según resaltaron, «afecta directamente al tejido empresarial, asfixiado desde hace casi dos años por las tensiones inflacionarias».
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