El Pleno de Torrelavega rechaza crear una comisión de investigación sobre el matadero

Alejandro Pérez, concejal de ACPT, fue el encargado de exponer los motivos de la propuesta. Señaló que han pedido explicaciones por los problemas de «seguridad y salud» en el matadero, y que siempre han recibido como respuesta «excusas». «Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión -explicó- porque la tendencia del equipo de gobierno es a mirar siempre hacia otro lado, tratar de ocultar lo sucedido. Las actuaciones negligentes y de falta de responsabilidad son habituales».

Pérez indicó que lo ocurrido en el matadero ha sido «muy grave» y que parte de ello lo desveló el director de la instalación en el Ayuntamiento: «Supimos que ya en marzo de 2019 comunicó que era urgente reparar la cuadra y no hubo respuesta. En noviembre del mismo año se produjo un accidente en la cuadra que estuvo a punto de costarle la vida a un trabajador. En octubre de 2020, la Inspección de Trabajo clausuró temporalmente la instalación para que se tomasen medidas correctoras».

El edil de ACPT indicó que a todo ello se ha sumado que en febrero de este año se ha conocido que el matadero pierde 200.000 euros al año y también hizo hincapié en que «se han perdido ayudas para mejorar la instalación». «Bloquear una comisión de investigación es asumir la culpa. Ocultan la información, se tapan entre ellos y meten la mierda debajo de la alfombra. Aquí ni siquiera hay decencia política para dimitir», concluyó.

El portavoz del PSOE José Manuel Cruz Viadero dijo que el matadero siempre ha sido «una prioridad» y es un «referente» porque es el único de Cantabria con gestión pública directa y que ofrece una línea de sacrificio para ganado ovino, caprino y porcino. Recordó que se puso en marcha en 1984 en la localidad de Barreda y que exige «continuas inversiones» para ser competitivo. Cruz Viadero admitió que la gestión privada durante algunos años fue «un auténtico desastre» y que el Gobierno de Cantabria «nunca colaboró» con el Ayuntamiento hasta 2016. Según el edil socialista, desde entonces se están realizando las «inversiones necesarias» y, aunque «perdió clientela» durante el cierre temporal ordenado por la Inspección de Trabajo, ahora el matadero está trabajando «al 100%» porque el funcionamiento de la instalación es «muy bueno».

El portavoz regionalista Gerson Lizari afirmó que la comisión de investigación no era necesaria porque «todo el mundo sabe ya» lo que ha pasado en el matadero, dado que el tema se ha tratado en el Ayuntamiento en los últimos tres años, y dijo que la oposición lo único que quiere es «la cabeza del concejal». «Estoy seguro que esto no hubiese pasado si al frente del matadero estuviese otro concejal», señaló.

Lucía Montes, del PP, incidió en que la instalación no es rentable porque «las cosas no se están haciendo bien» y por eso han pedido responsabilidades. «Las cosas no pasan por casualidad. Si fuese una empresa privada, hace tiempo que se hubieran tomado decisiones», indicó.

Para el concejal de Cs Julio Ricciardiello es «lamentable» haber llegado a una situación que «no hemos parado de denunciar» frente al «oscurantismo absoluto» del equipo de gobierno. «Han dado por buenas todas las tropelías que se han cometido. Yo he estado allí y lo he visto, incluso como se torturaban los animales antes de matarlos», aseguró. Blanca Rosa Gómez Morante, de Torrelavega Sí, dijo que una serie de decisiones erróneas condujeron al «desastre» y que tienen derecho a «saberlo, analizarlo y sacar conclusiones». «Hay que asumir responsabilidades», afirmó.

Por otra parte, el Pleno aprobó una moción del PP para mostrar el «rechazo más absoluto» a la política de cierre de oficinas en el sector bancario y expresamente al anunciado por Unicaja en el barrio de La Inmobiliaria. También se acordó instar al alcalde, Javier López Estrada, a exigir al Gobierno de Cantabria el estudio de las medidas conjuntas que puedan desarrollar las administraciones en la región para «reducir la merma en los servicios bancarios a los ciudadanos». Por último, la Corporación aprobó reducir, en la medida de lo posible y sin lesionar las arcas municipales, la operatividad que mantiene el Ayuntamiento con Unicaja, mientras la entidad bancaria «mantenga su política de cierre de oficinas en la ciudad».

Con la vuelta de las sesiones presenciales, han regresado también las protestas al salón de plenos del Ayuntamiento de Torrelavega. A la habitual de los integrantes de la plataforma ciudadana que se opone al nuevo polígono industrial de Las Excavadas desplegando una pancarta, se unieron los dos cuadros exhibidos por los concejales de ACPT para denunciar la utilización de dinero público para «autobombo político».

En uno de ellos aparecía el cartel anunciador de la Jornada de Daño Cerebral, que tendrá lugar mañana, jueves, de 17.00 a 20.00 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina. Junto al lema de la jornada, 'Nuestra mejor arma frente al daño cerebral, la prevención', aparece una gran foto de la concejala de Bienestar Social Laura Romano. En el otro cuadro, ACPT mostraba el anuncio de las III Jornadas Técnicas que se están celebrando en la Plaza de Abastos, organizadas por una radio local.

«Estamos cansados de este circo», dijo el portavoz de la formación asamblearia Iván Martínez en el capítulo de ruegos y preguntas. «Tenemos que denunciarlo –señaló–, porque no vale todo. El equipo de gobierno PRC-PSOE está utilizando el dinero público para darse autobombo y cubrir su déficit político con propaganda».

Según Martínez, en las referidas jornadas no están participando técnicos, sino «todos los concejales del equipo de gobierno». Respecto al cartel en el que aparece la concejala de Bienestar Social, indicó que «está repartido por la ciudad y parece claramente electoral». Además, denunció que la empresa que lo organiza es «propiedad de un destacado militante socialista». «Tenemos que alzar la voz porque a este paso me veo a todos los concejales anunciando eventos con su foto en el cartel», concluyó.