«Sabemos que nos expropian, nada más»

Un vehículo pasa delante de uno de los tres bloques del barrio Quintana de Rinconeda afectado por las expropiaciones. /Sane
Un vehículo pasa delante de uno de los tres bloques del barrio Quintana de Rinconeda afectado por las expropiaciones. / Sane

La obra de la A-67 ya ha arrancado y los afectados aún no han recibido ninguna notificación | Delegación del Gobierno culpa del retraso al anterior equipo de Fomento y anuncia que «en breve» el Consejo de Ministros aprobará un procedimiento urgente

Daniel Martínez
DANIEL MARTÍNEZSantander

Cuando los afectados por la expropiación de una veintena de viviendas para la construcción del ramal de continuidad de Torrelavega alzaron la voz a principios de abril, el sentimiento estaba en un punto medio entre el cabreo y la desesperación. Entonces, la fecha que había fijado el Ministerio de Fomento para el inicio del proyecto llamado a deshacer el nudo de las autovías de la capital del Besaya era el mes de mayo. Faltaban pocas semanas y no sabían nada. Ni cuándo tendrían que abandonar sus hogares, ni cuánto dinero les entregaría la administración por ocupar su finca para poner hormigón... Con esa incertidumbre llevaban un año, desde que en la primavera de 2017 un vecino de Polanco -junto a Torrelavega, son los dos municipios afectados- descubrió por casualidad en el Boletín Oficial del Estado el anuncio en el que se detallaban los terrenos afectados y poco después habían sido convocados a una reunión en el Ayuntamiento.

Ahora, a pesar de que ya han comenzado los trabajos previos para preparar el terreno a la maquinaria, los afectados siguen igual. En la autovía ya se han reducido algunos carriles, se han instalado bloques de hormigón en puntos donde se están realizando labores y se han señalizado canalizaciones del gas y la electricidad, pero el papel oficial de la expropiación no ha llegado. El único pequeño avance fue una visita que hicieron los peritos de la Demarcación de Carreteras a sus casas el pasado mes de mayo. «Vinieron, miraron, hicieron unas cuantas fotos y no sabemos más. Que hagan lo que quieran y que lo resuelvan cuando les dé la gana. Ha llegado un punto que ya nos da igual. Estamos hartos de pasar malos ratos y disgustos», señala Sonia Fernández, una vecina de uno de los tres bloques del barrio Quintana de Rinconeda que desaparecer. Esas doce familias -en Polanco hay otra más de una vivienda unifamiliar que tendrá que buscarse otro techo- han optado por pasar del cabreo a la resignación.

«Es que, ha día de hoy, no sabemos nada. Nada de nada de nada... Yo no lo pienso. Lo que tengo claro es que hasta que no vea el dinero en la cuenta de aquí no me voy, que me ha costado mucho pagar esto», añade Menchu Argumosa desde su ventana. El consuelo que tiene es que, según le han dicho, el justiprecio que da la administración suele ser ajustado al valor real del inmueble. «Parece que sí, pero hasta que no lo vea no me lo creo».

«Que hagan lo que les dé la gana. Ya estamos hartos de disgustarnos y estar preocupados» Sonia Fernández | Afectada de Rinconeda

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria, confirman que tanto ella como los que están en su misma situación pronto dejarán de estar en ascuas. Durante su visita a Cantabria, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, informó a Pablo Zuloaga de que el Consejo de Ministros aprobará «en breve» un procedimiento especial de urgencia para acelerar el proceso. Además, el titular del departamento culpa a su antecesor en el cargo, Íñigo de la Serna, de haberse «olvidado» de las personas a expropiar.

Si no hay acuerdo entre las partes decide un jurado

Según la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que aún está en vigor, la administración puede realizar este procedimiento cuando el proyecto sea de interés general y de utilidad pública. El proceso arranca con la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En teoría, en una semanas los propietarios tienen que recibir una notificación y el siguiente paso es una reunión en la que se levanta acta. En casos concretos, la administración puede ocupar ya la finca, pero lo normal es que antes dé un justiprecio en función del valor de la propiedad. Si el dueño lo acepta ahí se acaba el trámite. Si no, debe hacer una contraoferta. En caso de que no haya acuerdo es un jurado especializado e independiente quien fija la cantidad económica en base a criterios objetivos.

Eso es lo que desea José Valencia. Él vive en otro punto crítico de las expropiaciones, a unos pocos cientos de metros de Sonia y Menchu, pero ya en los límites del pueblo de Barreda (Torrelavega). «Nos dijeron que sería sobre septiembre, y como no había novedad fui yo a Santander a preguntar. Parece ser que ya tienen la valoración, pero no nos pueden dar el precio, así que estamos muy inquietos. Uno ya no sabe en qué pensar. Si se hará, si no...». Según le explicaron en Demarcación de Carreteras, el cambio de Gobierno en Madrid ha ralentizado todo. Pero ahora parece que el mecanismo se pone en marcha. Tiene que ser así, porque en 2019 las palas y camiones deberían estar funcionando. Administrativamente -los 40 meses de plazo de ejecución empezaron a contar el 1 de agosto- la obra ya empezado, pero el inicio real será a comienzos de año. «Aquí van a hacer el túnel previsto en los planos y somos 9 afectados con vivienda -en el municipio de Torrelavega al menos hay otro en Sierrapando-. Estamos todos con caras largas y no sabemos qué hacer. Yo ya había mirado un sitio dónde ir que estaba muy bien, pero me pedían un adelanto, y como no nos han pagado me la quitaron. Hasta que no muevan algo yo no busco más», cuenta.

«El precio lo tienen, pero no nos lo dan. La casa que había mirado para ir ya se vendió» José Valencia | Afectado de Barreda

Lo que sí dejó bien detallado el anterior equipo ministerial es la estimación general del coste de las expropiaciones. La cuantía asciende hasta los 11.160.000 euros. Con ese dinero no se pagarán las 23 viviendas que habrá que derrumbar, también las otras 322 que se ven afectadas, la mayoría dedicadas a huertas, fincas ganaderas, terrenos sin uso, montes comunales o parcelas sin urbanizar. En concreto son 257 en el municipio de Torrelavega y 118 en Polanco. Esa cifra es algo más baja que los 15,3 millones de euros reservados para el mismo fin en la obra del tercer carril de la A-67 entre Polanco y Santander, pero inferior a los capítulos de otros proyectos como el tercer carril de la A-8 entre Solares y el límite con Vizcaya (7,1 millones de euros) o la duplicación de la vía de ferrocarril entre Santander y Viérnoles (3,7).

Un proyecto de 106 millones

El montante que tendrá que desembolsar Fomento para resarcir a los expropiados de Rinconeda, Barreda y Torrelavega es casi un 10% del presupuesto total de la obra, que se fijó en 106 millones de euros y quedó adjudicada a la unión temporal de empresas formada por la cántabra Siec y una filial de la multinacional española ACS, propiedad de Florentino Pérez.

Esta actuación programada por el Ministerio tiene por objeto poner fin a los atascos que habitualmente se producen en el enlace en Torrelavega de las autovías de la Meseta (A-67) y del Cantábrico (A-8). La solución es construir un ramal entre Polanco y Sierrapando que permita aligerar el tráfico en el nudo de Torrelavega. En total, se ejecutarán 46 estructuras, 29 de nueva construcción y 17 de ampliación de las ya existentes.

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