La variante Este de Comillas llega al Supremo

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por el Gobierno regional contra la sentencia emitida en marzo de este mismo año por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que declaraba ilegal y, por tanto, anulaba el trazado de la variante de Comillas por afectar a una zona natural protegida. «Una interpretación errónea de todo el proceso», según lo entendió entonces el Ejecutivo cántabro, que ha cumplido su advertencia y ha llevado la carretera hasta el Tribunal Supremo.

El recurso de casación presentado por el Gobierno de Cantabria, y que fue recogido en el Supremo a principios de septiembre (el día 9), responde a la decisión del TSJC de estimar todos los motivos del recurso que, en su día, presentó un particular, Manuel Ventisca Allende, que pedía que se paralizaran las obras por la preservación de un entorno ambiental protegido y la protección del patrimonio, constituido, entre otros elementos, por las cuevas del Portillo, que, argumentó, «podrían llegar a desaparecer» como consecuencia de las voladuras y movimientos de tierra que requiere la construcción de la variante Este de Comillas.

«Por su impacto ambiental», «por el daño que podría causar al patrimonio arqueológico» y «porque vulnera el Plan de Ordenación del Litoral (POL)», el TSJC declaró la obra ilegal y ordenó, al mismo tiempo, su paralización.

En la sentencia, los jueces establecieron que, desde el año 2000, el Gobierno de Cantabria sabía que si construía una carretera con ese trazado dañaría el entorno de las cuevas del Portillo, la flora y la fauna del lugar, entre la que existen especies protegidas, el arroyo Gandaria y el bosque de ribera, porque la propia administración había dejado constancia de ello en un informe de impacto ambiental redactado en esa fecha.

Los magistrados explicaron que, alegando modificaciones no constatadas por el TSJC, el Gobierno regional se declinó por un trazado que «igualmente atenta contra el espacio natural».

Del mismo modo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria plasmó en la sentencia una infracción de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria y otra del Plan de Ordenación del Litoral.

«Hay otros tribunales»

Inconforme con la sentencia, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, anunció al día siguiente que el Gobierno regional recurriría este fallo al Tribunal Supremo considerando que los jueces realizaron «una interpretación errónea de todo el proceso, incluso del resultado final» y confiando en la «suerte» de existir «otros tribunales que pueden corregir las resoluciones».

Por ejemplo, el Supremo, hasta donde el Ejecutivo ha llevado la variantes de Comillas a través de un recurso de casación que los servicios jurídicos sostienen sobre tres fundamentos esenciales.

En el primero se refiere a la valoración «imposible» que los jueces realizan del informe de impacto ambiental desfavorable del proyecto tomando como referencia otro anterior (del año 1998) que «no consta en el expediente» y que, por lo tanto, «no han visto».

En el segundo alude a la declaración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) en la que el magistrado se apoya -entre otras razones- a la hora de paralizar esta construcción y sobre la que los juristas del Gobierno regional aclaran que la Comunidad Europea «nunca ha dudado» de que en Cantabria haya lugares LICs suficientes».

Y en el tercero recuerda que la sentencia del TSJC recoge una alternativa al trazado de la autovía que discurre por el casco urbano y que el Ejecutivo no puede considerar viable porque, «por definición», una variante no puede discurrir por el casco urbano.