Clubes de cannabis, legalidad a medias

En la región hay (no menos de) 28 colectivos vinculados al consumo, estudio o uso del cannabis, distribuidos por Santander, Castro Urdiales, Castañeda, Torrelavega, Cabezón, Ampuero o Camargo. Todos aparecen en el registro de asociaciones de la Consejería de Justicia y Presidencia del Gobierno de Cantabria. Sus nombres forman acrónimos a partir de palabras como cannábica, greeno terapéutica. Desde el 1 de diciembre de 2015, y en virtud de un real decreto, las funcionarias de Presidencia les inscriben dentro del epígrafe 103. Hay dos en trámites de constitución.

Su existencia, que ha crecido y se ha sofisticado en los últimos años, despierta el debate, multiplica las preguntas. ¿Debería de legalizarse o regularse el uso del cannabis? ¿Debería de legislarse con concreción sobre los clubes cannábicos? ¿Qué papel juegan en la sociedad? ¿Por qué perviven en esta especie de limbo legal? Ahora que el País Vasco ha dado un nuevo paso en la regulación de este tipo de colectivos la cuestión vuelve a la palestra.

Antonio Bezanilla, del despacho Bezanilla y Renedo Abogados, asesora a cinco de ellas (ha llegado a hacerlo con once) y conoce a fondo su funcionamiento, su idiosincrasia social y legal. «Todas se mueven en el terreno de la alegalidad». A grandes rasgos, explica, nacen y se parapetan al abrigo de dos cuestiones: el derecho (constitucional) de asociación, y la doctrina del consumo compartido. Esta última, que nace de la jurisprudencia, viene a señalar la permisividad en el consumo de cannabis (una sustancia ilegal, también su cultivo y su venta) cuando ocurre entre consumidores habituales, que acreditan esta adicción o necesidad; que ese consumo se dé en un lugar cerrado, concreto; que se trate de «pequeñas cantidades», y que se trate además de un acto inmediato: se debe consumir en el mismo lugar de la adquisición. Quedaría desterrada la «apología» del cannabis, esto es, la promoción o publicidad de su uso.

Hay una sentencia del Tribunal Supremo, de septiembre de 2015, que cambia las tornas a nivel nacional. Tiene que ver con una asociación bilbaína que se aproximaba a los mil socios. La sentencia, que sin embargo está cuajada de objeciones y votos particulares, señala que «se han reventado las costuras del consumo compartido», es decir, se ha roto ese espíritu inicial de autoconsumición, alejada de la compraventa, el cultivo masivo o el mero hobby. La sentencia ha cambiado sustancialmente la situación, ahora la constitución asociativa se mira caso por caso, explica Bezanilla, «con especial vigilancia de la creación de un peligro». De todos modos, el abogado considera que, con la sentencia, «se ha perdido una oportunidad» para abordar la cuestión con cabeza y responsabilidad.

Desde hace tres años la Fiscalía interviene cada vez que se pretende constituir una asociación así. Se abren unas diligencias para averiguar si hay constitución de un delito, y a continuación, el fiscal antidroga de Cantabria, Ángel González, realiza una entrevista con el presidente, el secretario y el tesorero de la asociación en ciernes. Desde comienzos de 2014, González se ha entrevistado con unos 15 representantes de asociaciones. Pasado el tiempo, sobre dos de ellas pesa ya un escrito de acusación (previa actuación de la Policía), bien por tráfico de drogas, bien por asociación ilícita (una acusación esta última que introduce la sentencia del Supremo antes mencionada). «Ya no se puede alegar que no conozcas las reglas del juego».

En su Memoria de 2014, la Fiscalía constató su preocupación por el incipiente asociacionismo en torno al cannabis y la ruptura de la doctrina del consumo compartido. También sobre el papel que debían jugar.

Es una «droga»

González ha ejercido como fiscal antidroga de Cantabria en dos periodos: entre 1993 y 2002, y entre 2008 y el momento actual. Habla pausado, y ahonda en las causas y los valores sociales cuando expone su planteamiento. No es proclive a la legalización, y no acaba de convencerle el planteamiento terapéutico que se aduce cuando se plantea este asunto, no le parece una razón con verdadero fundamento, tampoco que legalizarla acabe con todo el mercado negro. ¿Por qué? González se explica claramente: el cannabis se trata de una «droga» que daña el cerebro, tiene efectos nocivos en el comportamiento, y puede llegar a catalizar el consumo de otras sustancias. Detecta una permisividad social con ella, y, si la asocia con la restricción de otros consumos el tabaco, por ejemplo, no le parece lógico el planteamiento. Él piensa que «la sociedad ha bajado un poco las manos» al enfrentarse a esta cuestión. «Un cuerpo social que piensa que algo es malo debe mantenerlo y luchar contra ello [] La sociedad debe generar fortalezas para luchar contra un problema. Una sociedad sana».

Sobre la situación de los clubes en Cantabria, González percibe (y le sorprende) que, de tres años para acá, se hayan incrementado los registros asociativos. Sin embargo, considera que es algo «cíclico», que puede tratarse de un pico de actividad, que, quizá, ahora se dé un parón, o, en todo caso, que las asociaciones que se constituyan lo hagan con arreglo a la sentencia del Supremo. El fiscal también reflexiona sobre un futuro a corto plazo: cree que se constituirán cada vez grupos más pequeños, y a partir de bases más ideológicas. Más conocimiento y menos cultivo. Más ajuste a la ley.

Queremos reglas

Las trabas o los vacíos legles no han rebajado el entusiasmo de quienes encuentran en el cannabis un espacio de encuentro. En el club sigue la partida de billar y la charla. La televisión y la play están ahora apagadas. Son 104 socios, todos conocidos (se necesitan dos avales para entrar en el colectivo), entre los cuales figuran varios usuarios terapéuticos. Casi todos son varones (en una proporción de 80-20) y la mayoría tienen entre 20 y 35 años. Todos aportan una cuota para atajar los gastos de mantenimiento, alquiler, y la nómina de un trabajador en regla. No han tenido problema alguno (vecinos, autoridad) en los meses que llevan abiertos, y esperan seguir así «porque nos ajustamos a la ley». Habla el secretario: cada socio dispone de un máximo de 2 gramos diarios, y esa cantidad se consume en el local, cumplen con un horario fijo y tienen actividades alternativas que incluyen al resto del barrio, caceroladas o charlas entre ellas. Se empeñan, dice, en hacer las cosas bien.

Les gustaría que hubiera una legislación, algún tipo de normativa que regulara claramente su existencia, sobremanera, «sobre el número de socios», o sobre el cultivo, porque la prohibición de cultivo (lo que aboca a la compra en el mercado negro) les limita y les hace mella.

En otra asociación santanderina, al otro lado de la ciudad, secundan la moción: con cerca de 90 socios, y actividades diversas, además del mero consumo de marihuana, creen que regular la situación sería algo positivo. Su fundamento para montar el club fue de rescate: alejar de la calle a quienes sufrían por las drogas, ubicarlos en un mismo espacio, ejercer un control sobre ellos. En el local, amplio, que quieren mejorar, se toca la guitarra, se ven partidos de fútbol, hay charlas. «Lo llevamos todo a rajatabla».

Bezanilla cree en la viabilidad futura de este tipo de asociaciones, cree en el hecho federativo, en el que ya está trabajando. Los ve como entes que pueden crecer, diversificarse, ser útiles.